Casualmente he estado leyendo durante las últimas semanas, las Cartas de otro inquisidor, del dominico Francisco Alvarado (1756-1814). Nacido en Marchena (Sevilla) y muerto en la capital hispalense (cuando acababa de ser nombrado consejero de la Santa Inquisición, tras ser restaurada por Fernando VII), fue un azote dialéctico de los invasores franceses y de aquellos liberales -«ciegos y sordos al sentir y querer del pueblo que decían representar» según Menéndez Pelayo-, que aprovecharon el vacío de poder ocasionado para revolucionar la historia política de España con la Constitución de Cádiz de 1812. Estos le quisieron descalificar como filósofo rancio, pero él se sentía muy orgulloso de ese título como timbre de gloria. Su quijotesco combate dialéctico contra los liberales/masones (Agustín Arguelles), los jansenistas españoles (Ireneo Nistactes) y los volterianos y satíricos impíos (Antonio Puigblanc, quien bajo el seudónimo judío de Natanael Yom-Tob redactó una famosa historia de la inquisición española, o Bartolomé Gallardo, autor de un Diccionario crítico-burlesco, lleno de irreverencias), nos regalan páginas llenas de humor, con un estilo jovial e irónico lleno de chascarrillos. Coincido con Menéndez y Pelayo en su juicio estilístico: «no soy de los que admiran su estilo prolijo, redundante y desaseado», pero también en los elogios del polígrafo santanderino, al destacar que Alvarado «personificó la apologética católica de en aquellos días«, de tal modo que «apenas hay máxima revolucionaria, ni ampuloso discurso de las Constituyentes, ni folleto o papel volante de entonces que no tenga en ellas impugnación o correctivo» (Historia de los heterodoxos españoles, Libro VII, Cap. II).
Precisamente el aspecto más polémico de sus Cartas lo encontramos en su defensa férrea de la Santa Inquisición, suprimida tras duros debates de las Cortes gaditanas. En la edición de 1915 de sus Cartas Inéditas (escritas durante su exilio luso en Tavira entre agosto de 1810 y febrero de 1811), el historiador y prologuista D. Edmundo González-Blanco, las califica abiertamente de «páginas negras». Sin embargo, cuando uno lee su apología de tan polémica institución, observa por un lado que respondía no sólo -como ya referimos- al deseo de un pueblo católico que quería vivir en paz con su religión y sus leyes tradicionales. También era la consecuencia natural de su lealtad a la doctrina clásica de la Iglesia acerca del vínculo de las dos espadas, que se remonta al papa Gelasio I (siglo V), y que tuvo su más brillante plasmación en los Dictatus Papae de Gregorio VII (siglo XI) o en las normas de Inocencio III y el Concilio de Letrán de 1215; principios que se sostuvieron desde entonces en la Iglesia hasta hace apenas sesenta años. A fines del siglo XIX, León XIII en su Inmortale Dei, refiriéndose a los Estados católicos, afirmó que «entre las principales obligaciones (del Estado) deben colocar la obligación de favorecer la religión, defenderla con eficacia, ponerla bajo el amparo de las leyes y no legislar nada que sea contrario a la incolumidad de aquella« (3).
Como vemos, por un lado, la Iglesia siempre tuvo meridianamente claro (hasta el Concilio Vaticano II) que la unidad religiosa era la base de la unidad social. Y, por otro, los Estados católicos sabían por experiencia que no había mejores leyes para la felicidad de los ciudadanos que las inspiradas por el Evangelio. Por eso el Estado y la Iglesia, cada espada con su misión específica y autónoma, debían colaborar uña y carne, incluso en los aspectos más desagradables como la represión de la propagación de la herejía (que si no se castigaba en las personas responsables, acabaría desgarrando con violencias el tejido social de la nación como demostraba la historia). De ahí la Inquisición.
«La sedición, hermana carnal de la herejía, venía a marchas forzadas detrás de su inseparable hermana (…) y la infeliz provincia que abrigaba en su seno a la hermana mayor tenía luego que verse cubierta de la sangre, el llanto y los incendios que la menor derramaba, vertía y propagaba (…). Se convencieron, pues, las potestades temporales del peligro que les amenazaba por parte de esos enemigos de las verdades eternas, y tuvieron que declararse contra ellos, no solamente por el crimen de alta traición contra Aquel cuyo lugar ocupan en la tierra, más también por el de perturbadores de la paz y tranquilidad de su imperio, y de rebeldes contra sus leyes y coronas».
Pero hoy –oh tempora, oh mores– ha cambiado todo. El mundo desde luego, lo que es lógico; pero también la Iglesia Católica, lo que no era previsible en virtud del principio “stat crux dum volvitur orbis”. Y da la impresión de que fue profetizado por el propio Alvarado en otra de sus cartas:
«El infierno, en fin, no prevalecerá contra la Iglesia Católica, pero podemos merecer que prevalezca contra la Iglesia de España como ha prevalecido contra la de Francia en nuestros días, y pocos siglos ha contra las de Suecia, Dinamarca, Prusia, Inglaterra, etc.
Observamos hoy que nuestros obispos colaboran con gobiernos rabiosamente anticristianos (el Valle), y apoyan la regularización de cientos de miles de musulmanes, sin plantearse las consecuencias futuras para la fe del país que deben pastorear; un giro de ciento ochenta grados respecto a todo aquello por lo que luchó el filósofo rancio y durante mucho tiempo la propia Iglesia, hasta nuestros días. Si el bravo dominico contemplase hoy nuestra nación, pensaría que fue un sueño la derrota de los impíos franceses, y que sus malas filosofías se han apoderado del alma de nuestra patria con el auxilio de obispos carentes de fe. Entonces probablemente le viniese a la mente ese verso bíblico, que advierte a los países del coste de su defección:
«La nación y el reino que no te sirvan perecerán, y esas naciones serán ciertamente destruidas» (Is. 60,12).