Chile podría convertirse en uno de los pocos países de América Latina en prohibir expresamente la maternidad subrogada. La Comisión de Familia de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un proyecto de ley que busca erradicar esta práctica, al considerarla contraria a la dignidad humana y una forma de mercantilización del cuerpo de la mujer y del niño por nacer.
Un respaldo transversal poco habitual
La iniciativa fue aprobada en general con nueve votos a favor, procedentes de diputados de izquierda, centro y derecha, un consenso poco frecuente en el actual escenario político chileno. El proyecto parte de un diagnóstico claro: la gestación por sustitución no es una técnica neutral de reproducción asistida, sino una práctica que convierte la maternidad en un objeto contractual y al niño en el resultado de un acuerdo comercial.
Este respaldo transversal ha sido interpretado como un reconocimiento explícito de que la maternidad subrogada plantea problemas éticos y jurídicos de fondo que trascienden las diferencias ideológicas.
La maternidad no se alquila: nulidad de los contratos
Uno de los puntos centrales del proyecto es la declaración de nulidad de pleno derecho de los contratos de gestación por sustitución. La propuesta establece además que la filiación materna se determine exclusivamente por el parto, cerrando la puerta a cualquier reconocimiento legal de acuerdos privados que pretendan transferir la maternidad.
Con esta disposición, la legislación busca reafirmar un principio básico: la maternidad no puede ser objeto de cesión, compra o alquiler, y el vínculo entre madre e hijo no puede quedar subordinado a contratos.
Delitos y sanciones penales
La iniciativa tipifica como delito la intermediación, promoción, organización y comercialización de la maternidad subrogada. Las penas contempladas incluyen multas y privación de libertad, especialmente en los casos en que se constate el aprovechamiento de la vulnerabilidad de las mujeres o la participación de profesionales sanitarios.
Asimismo, el proyecto incorpora medidas preventivas en el ámbito sanitario y de adopción. Entre ellas, se prohíbe la transferencia de óvulos con fines reproductivos vinculados a la subrogación y se impide la adopción por parte de personas o parejas que hayan participado en acuerdos de este tipo, evitando así que la adopción se convierta en una vía indirecta para legitimar la práctica.
Próxima tramitación en el Parlamento
Tras su aprobación en comisión, el proyecto deberá ser debatido y votado por la Sala de la Cámara de Diputados en los próximos meses. Si supera esta etapa, pasará al Senado, donde continuará su tramitación legislativa.
El debate parlamentario tendrá su contraparte con el argumento de que la maternidad subrogada ha sido presentada en algunos ámbitos como una expresión de “derechos reproductivos”, frente a una creciente corriente crítica que denuncia sus implicaciones éticas y sociales.
Un debate con eco internacional
El debate chileno se inserta además en un contexto internacional más amplio. El papa León XIV abordó explícitamente la cuestión el pasado 9 de enero de 2026, al dirigirse al Cuerpo Diplomático, denunciando que la subrogación convierte la gestación en un servicio negociable y viola la dignidad tanto del niño —reducido a un producto— como de la madre, cuyo cuerpo y vocación materna quedan instrumentalizados.
La situación en América Latina
En la mayor parte de los países de América Latina la maternidad subrogada no está regulada legalmente. Solo los estados mexicanos de Tabasco y Sinaloa la contemplan en sus códigos civiles, mientras que Brasil y Uruguay la permiten de forma muy restringida. En sentido contrario, los estados mexicanos de San Luis Potosí y Querétaro son los únicos que la prohíben de manera explícita.
Si la iniciativa prospera, Chile se sumaría a este reducido grupo, adoptando una posición clara frente a una práctica cada vez más cuestionada por su impacto sobre la dignidad humana y la concepción misma de la familia.