La regularización masiva de inmigrantes ilegales aprobada por Real Decreto plantea problemas serios tanto en su contenido como en el modo en que ha sido adoptada. No estamos ante un simple ajuste administrativo, sino ante una decisión estructural impuesta sin debate parlamentario, sin votación y sin el mínimo respeto por los cauces ordinarios. Cuando una cuestión de esta magnitud se resuelve por decreto, lo que se está diciendo es que la deliberación estorba y que el Parlamento puede apartarse si el fin se presenta como “bueno”.
Que los obispos españoles hayan respaldado esta medida resulta, por ello, doblemente cuestionable. No solo por el fondo de la política migratoria que avalan, sino por la forma en que aceptan que se haya impuesto. El apoyo episcopal no distingue, no matiza, no advierte del abuso del poder ejecutivo ni introduce una reserva mínima ante el uso del Real Decreto como sustituto del legislador. Se da por buena la regularización y se da por bueno el procedimiento. Ambas cosas. Y esa combinación no es inocente: convierte la superioridad moral en permiso para saltarse los límites.
Desde una perspectiva católica, esto es difícil de justificar. La Iglesia no ha enseñado nunca que una causa, sobre todo si es discutible, dispense de respetar el orden jurídico. Ha insistido, precisamente, en lo contrario: que la autoridad está sometida a la ley, que la arbitrariedad es injusta aunque se vista de compasión, y que el bien común exige prudencia, no impulsos sentimentales convertidos en política de Estado. El Real Decreto está previsto para situaciones de urgencia excepcional, no para rediseñar por la vía rápida la política migratoria del país. Utilizarlo así no es una necesidad. Es una manera de gobernar.
Al aceptar sin objeciones este modo de proceder, los obispos terminan homologando una lógica típica del autoritarismo woke: cuando una medida se declara moralmente incuestionable, los controles sobran. El Parlamento pasa a ser un obstáculo, el debate una molestia y la discrepancia una falta de humanidad. La ley deja de ser un límite y se convierte en un trámite prescindible. Así se consolida un poder que no discute, no convence y no rinde cuentas: decreta y moraliza.
Resulta además significativo que este respaldo se otorgue sin plantear una sola pregunta sobre el respaldo social real de la medida. Si la regularización masiva fuera tan evidente y tan ampliamente compartida, no habría motivo para evitar el Congreso. Pero la deliberación incomoda cuando existe el riesgo de un rechazo. Y el pueblo, al que se invoca retóricamente, deja de ser útil cuando no garantiza la respuesta deseada.
Y hay un elemento más, que agrava el cuadro y explica el entusiasmo por el decreto. Este tipo de decisiones suelen funcionar como una cómoda cortina de humo. Mientras se moviliza la emotividad pública con una “gran medida” moralmente blindada, se sigue desmantelando, sin ruido y sin debate, lo que sostiene de verdad la vida común: infraestructuras que se caen a pedazos, servicios básicos en retroceso, gestión pública degradada, barrios abandonados, seguridad y justicia cada vez más frágiles. Es el patrón de un Estado que empieza a parecerse demasiado a un Estado fallido: incapaz de garantizar lo esencial, pero perfectamente capaz de producir propaganda moral en forma de decreto.
El problema, por tanto, no es solo una política concreta, sino el precedente que se legitima. Hoy se trata de la inmigración ilegal; mañana será otra causa elevada a dogma indiscutible. Cuando los obispos respaldan decisiones discutibles en el fondo y arbitrarias en la forma, no ejercen una función profética ni pastoral: contribuyen a normalizar un modelo de poder que aparta la ley cuando estorba, convierte el sentimentalismo en coartada y utiliza la superioridad moral como licencia para mandar sin límites. Y eso no es doctrina social de la Iglesia, sino su vaciamiento.