El Ministerio de Justicia de Rusia ha incluido a ILGA World, la federación internacional que agrupa a más de 2.000 organizaciones de derechos LGTBI+ en todo el mundo, en la lista de “organizaciones indeseables”, una medida que implica la prohibición de su actuación dentro del territorio ruso y abre la puerta a sanciones penales para quienes trabajen o colaboren con ella, según han confirmado fuentes oficiales y la propia organización.
La decisión fue anunciada por el Ministerio de Justicia el 21 de enero de 2026 y se basa en una ley que permite declarar “indeseables” a entidades extranjeras cuyas actividades se consideran contrarias a las normas o seguridad internas de Rusia. Dicha designación acarrea la prohibición de operar, de cooperar con la entidad y expone a las personas físicas o jurídicas que mantengan vínculos con ella a graves consecuencias legales, incluidos procesos penales.
Consecuencias legales y penalización
Bajo la legislación rusa vigente, las organizaciones declaradas indeseables no pueden realizar actividades dentro del país, y quienes mantengan relaciones profesionales o de cualquier colaboración con ellas se enfrentan a sanciones que pueden incluir penas de prisión. En el caso de ILGA World, fuentes de derechos humanos señalan que la medida podría constituir un paso más en la estrategia del gobierno ruso para reprimir la sociedad civil y aislar a los defensores de derechos humanos, aunque el comunicado oficial no utiliza ese lenguaje.
La organización ILGA World —que representa a asociaciones LGTBI+ de más de 170 países y territorios— ha denunciado que la decisión forma parte de un patrón más amplio de hostigamiento contra activistas y grupos de derechos humanos en Rusia, que en los últimos años ha adoptado diversas normas restrictivas contra las expresiones y organizaciones LGTBI+.
Un contexto de legislación hostil
La medida se produce en el marco de un contexto legal en Rusia que ha sido calificado por defensores de derechos humanos como profundamente restrictivo respecto a las libertades fundamentales de la comunidad LGTBI+. Desde 2013, la difusión de información positiva sobre relaciones del mismo sexo está prohibida, y en 2023 el Tribunal Supremo ruso declaró al movimiento internacional LGTBI como “organización extremista”, con posibles consecuencias penales para quienes participen en actividades relacionadas.
Organizaciones independientes, como ILGA-Europe, han advertido de que esta designación puede exponer a activistas, colaboradores y defensores de derechos humanos a riesgos de vigilancia, detención y persecución legal, dificultando el trabajo de la sociedad civil en un país donde los marcos legales ya penalizan severamente cualquier expresión pública en defensa de derechos LGTBI+.
Reacción de la federación LGTBI+
Julia Ehrt, directora ejecutiva de ILGA World, calificó la medida como parte de un “episodio más en el repertorio autoritario” del gobierno ruso, argumentando que la etiqueta de “indeseable” no castiga a una organización en sí, sino que se inserta en un patrón más amplio de restricciones que buscan silenciar voces críticas y marginar a las minorías sociales.
La designación de ILGA World como organización indeseable en Rusia se suma a decisiones similares contra otras ONG y grupos de derechos humanos, lo que para observadores externos representa un endurecimiento de las políticas rusas contra actores internacionales de la sociedad civil.