La regularización extraordinaria de inmigrantes que ahora impulsa el Gobierno no aparece de la nada ni responde únicamente a una coyuntura administrativa. Desde hace años, la Conferencia Episcopal Española viene respaldando públicamente una regularización amplia de extranjeros en situación irregular. En abril de 2024, la Oficina de Información de la CEE difundió un comunicado en el que diversas “entidades de Iglesia” solicitaban a los grupos parlamentarios del Congreso que tomaran en consideración la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. Entre las organizaciones firmantes figuraban Cáritas, la Conferencia Española de Religiosos y distintas redes de ONG de inspiración eclesial. La ILP había sido registrada tras superar el umbral legal de las 500.000 firmas y planteaba la regularización de un volumen de personas que distintas estimaciones sitúan entre 400.000 y 500.000 inmigrantes.
Este respaldo no ha sido discreto ni puntual, sino reiterado y documentado, mediante comunicados oficiales y posicionamientos públicos. No se trata, por tanto, de que el Gobierno siga el “hilo” de la Iglesia en sentido estricto, algo difícilmente sostenible, sino de que determinados planteamientos eclesiales confluyen ahora con intereses políticos muy concretos.
La convergencia política: Gobierno, Podemos y CEE
La coincidencia de intereses resulta llamativa. Podemos ha defendido de manera sistemática la regularización masiva como una bandera ideológica, vinculándola a un discurso de derechos sin apenas referencia a límites o consecuencias. El Gobierno, por su parte, presenta la medida como una respuesta humanitaria y económica, subrayando la supuesta necesidad de mano de obra en determinados sectores productivos. La Iglesia, o al menos sus instancias más visibles, aporta el respaldo moral, encuadrando la iniciativa en un lenguaje de acogida y caridad cristiana.
Las motivaciones no son idénticas, pero el resultado práctico es el mismo: una alineación objetiva entre Ejecutivo, izquierda radical y Conferencia Episcopal en torno a una política de enorme impacto estructural. Esa convergencia se produce, además, en un momento político especialmente oportuno para el Gobierno.
La cortina de humo mientras fallan los servicios esenciales
La aceleración del debate migratorio coincide con una creciente crisis de gestión en ámbitos clave del Estado. El deterioro de la red ferroviaria, con averías, retrasos masivos y episodios de colapso que afectan a miles de ciudadanos, se ha convertido en un símbolo visible de la degradación de servicios públicos esenciales. En este contexto, la regularización extraordinaria funciona como una eficaz cortina de humo política: desplaza el foco mediático hacia un terreno emocionalmente sensible y permite al Ejecutivo refugiarse en un discurso humanitario frente a críticas muy concretas sobre su gestión.
No es casual que el debate se formule en términos morales absolutos, donde cualquier objeción puede presentarse como falta de humanidad, mientras quedan en segundo plano los problemas de infraestructuras, planificación y responsabilidad política.
Datos sociales que no encajan en el relato
Los datos, sin embargo, introducen matices incómodos. España cerró 2023 con más de 2,7 millones de afiliados extranjeros a la Seguridad Social, una cifra récord, y al mismo tiempo mantiene una de las tasas de paro más altas de la Unión Europea, especialmente entre jóvenes y trabajadores poco cualificados. Según el INE, el acceso a la vivienda se ha deteriorado de forma significativa en las grandes ciudades y en zonas con alta presión migratoria, con subidas de precios que afectan de manera directa a las rentas más bajas. Informes del Banco de España han advertido de que el impacto de la inmigración depende de su volumen, su ritmo y la capacidad real de integración, factores que no pueden ignorarse sin consecuencias sociales.
Quienes soportan esos efectos no son las élites políticas ni los entornos institucionales que formulan los discursos, sino las clases populares, que padecen la precarización del empleo, la competencia salarial a la baja, la saturación de servicios y el deterioro de la convivencia cotidiana.
Caridad personal y responsabilidad social: dos planos distintos
Aquí emerge la confusión de fondo. La caridad cristiana hacia el inmigrante concreto, vulnerable y necesitado pertenece al ámbito personal y pastoral y no admite discusión moral. Es una caridad de proximidad, inmediata y humana. Pero trasladar sin matices esa lógica al diseño de políticas públicas de gran escala es otra cuestión. La Doctrina Social de la Iglesia nunca ha desligado la caridad del bien común, del orden social y de la justicia, ni ha identificado la compasión con la ausencia de límites.
Una caridad que no tiene en cuenta el equilibrio de las sociedades termina siendo injusta, aunque se exprese con un lenguaje piadoso. Confundir ambos planos no solo empobrece el debate público, sino que compromete la credibilidad moral de la Iglesia, que corre el riesgo de aparecer como un actor más dentro de una estrategia política ajena a las consecuencias reales.
El coste real de una convergencia incómoda
Mientras los trenes no llegan, las infraestructuras se deterioran y la precariedad se extiende, el debate migratorio vuelve a ocupar el centro de la escena, revestido de buenas intenciones y consensos transversales. La convergencia entre Gobierno, Podemos y Conferencia Episcopal plantea una pregunta incómoda que apenas se formula: quién asume los costes sociales, económicos y culturales de estas decisiones y por qué siempre recaen sobre los mismos.