Este lunes, 27 de enero, ha comenzado en Valencia el juicio por el asesinato del canónigo de la Catedral, Alfonso López Benito, ocurrido en enero de 2024, con un único acusado en el banquillo y la existencia de un presunto cómplice que, dos años después de los hechos, continúa sin identificar.
Según informa El Debate, la Fiscalía solicita para el joven de origen peruano procesado una pena de 28 años de prisión por un delito de asesinato, además de robo con violencia y estafa. El acusado permanece en prisión provisional desde pocos días después del crimen.
El hallazgo del cuerpo tras la festividad de San Vicente Mártir
El 22 de enero es una fecha señalada en la ciudad de Valencia por la celebración de San Vicente Mártir. En 2024, sin embargo, la ausencia del entonces canónigo de la Catedral en los actos litúrgicos llamó la atención, al tratarse de un hecho completamente inusual.
La sospecha se confirmó al día siguiente, cuando el conserje del edificio situado en la céntrica calle Avellanas, detrás de la Catedral, accedió a la vivienda del sacerdote y encontró su cuerpo sin vida, tendido en la cama y con evidentes signos de estrangulamiento. Las investigaciones posteriores situaron la muerte en la madrugada del 21 al 22 de enero.
Desde el primer momento, los investigadores destacaron que la vivienda no presentaba signos de haber sido revuelta y que la cerradura de la puerta no había sido forzada, lo que descartaba un robo convencional. Estas circunstancias llevaron a centrar las pesquisas en el entorno cercano del canónigo.
Una relación de confianza como clave del crimen
Las investigaciones señalaron como principal sospechoso a un joven peruano que mantenía una relación de amistad con la víctima y que había sido visto por testigos en las inmediaciones del domicilio en fechas cercanas al crimen.
Según el sumario, al que hace referencia el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), el acusado habría acudido al domicilio del sacerdote sobre las 23:00 horas del 21 de enero de 2024 acompañado de otra persona, de nacionalidad colombiana, que actuaba de acuerdo con él y que no ha sido identificada.
Aprovechando la relación de confianza, el canónigo les habría permitido la entrada. Una vez dentro y hallándose la víctima sola, el acusado, conocedor de dónde guardaba el dinero y las tarjetas bancarias, lo habría reducido, asfixiándolo hasta causarle la muerte, sin que el anciano pudiera defenderse.
Robo, estafa y petición de 28 años de cárcel
Además del delito de asesinato, la acusación sostiene que el procesado se apoderó del teléfono móvil y de varias tarjetas bancarias del sacerdote. Posteriormente, habría realizado retiradas de efectivo, compras en grandes almacenes y diversos pagos, alcanzando un importe presuntamente defraudado de 2.327,16 euros.
La Fiscalía solicita por estos hechos una condena total de 28 años de prisión. La petición de libertad provisional del acusado fue rechazada por el tribunal al apreciar un riesgo real y actual de fuga, dada la gravedad de los delitos imputados y la proximidad del juicio.
Juicio con jurado y un cómplice aún sin localizar
Tal como establece la ley, el juicio se celebra con jurado popular. Según el TSJCV, las sesiones se desarrollan los días 26, 27, 28, 29 y 30 de enero, así como el 2 y el 3 de febrero, sin interrupción. El jurado deberá pronunciarse sobre la culpabilidad o no culpabilidad del acusado.
Uno de los aspectos más llamativos del proceso es la falta de identificación del presunto cómplice. La propia Audiencia de Valencia ha señalado que la Policía no realizó diligencias eficaces para localizarlo y que solo se efectuaron consultas tardías, después de que la defensa solicitara explicaciones sobre la ausencia de investigaciones en este sentido.