No es una sensación. No es un malestar difuso amplificado por redes sociales. Es una fractura real, profunda y cada vez más obscena: la que separa a buena parte del episcopado español del pueblo fiel al que dice pastorear.
El último episodio lo ha vuelto a poner todo en evidencia. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello, comparece para celebrar el Real Decreto del Gobierno sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes ilegales y lo hace con un lenguaje calcado del argumentario político del Ejecutivo: “salud democrática”, “oportunidad política”, “sociedad organizada”, “bien común”, “subsidiariedad”. Ninguna referencia explícita a la ley moral, ninguna advertencia sobre el desorden objetivo que supone una inmigración masiva sin control, ningún recuerdo de los deberes del Estado en materia de fronteras, seguridad y justicia. Solo aplauso.
No se trata de una opinión prudencial más dentro del legítimo pluralismo católico. Se trata de algo mucho más grave: de la identificación pública de la jerarquía eclesiástica con un poder político que legisla sistemáticamente contra la doctrina católica en materias esenciales. Un gobierno que promueve el aborto como derecho, normaliza la eutanasia, destruye la familia, adoctrina en ideología de género y persigue la objeción de conciencia. Y ante ese gobierno, el presidente de la CEE no levanta la voz para corregir, sino que sonríe para acompañar.
Mientras tanto, al otro lado, el pueblo fiel hierve. Sacerdotes de parroquia, religiosos, laicos comprometidos, familias que siguen yendo a Misa, que educan a sus hijos en la fe, que sostienen económicamente a la Iglesia, no reconocen ya en sus pastores el lenguaje ni las prioridades del Evangelio. Ven a una jerarquía más preocupada por no incomodar al poder que por confirmar en la fe a los suyos.
La reacción en redes no es casual ni marginal. Es la expresión de un hartazgo acumulado. Cuando fieles católicos hablan de escándalo, no lo hacen en sentido metafórico. El escándalo es real: ver a obispos hablar como portavoces de ONG ideologizadas mientras guardan silencio ante leyes gravemente injustas. Verlos alinearse con la Agenda 2030 mientras las iglesias se vacían. Verlos invocar una misericordia abstracta que nunca va acompañada de verdad.
Porque la misericordia sin prudencia y sin discernimiento no es virtud cristiana. Es sentimentalismo. Y el sentimentalismo, cuando se convierte en política eclesial, termina siendo cruel: con los fieles ignorados, con las naciones desestructuradas, con los más débiles usados como coartada moral.
El episcopado español parece no entender —o no querer entender— que su autoridad no le viene de su cercanía al poder, sino de su fidelidad a Cristo. Y que cuando esa fidelidad se diluye en comunicados institucionales perfectamente compatibles con el BOE, lo que se rompe no es solo la credibilidad de la jerarquía, sino la comunión misma.
Hoy la brecha es evidente: un episcopado entregado al aplauso gubernamental y un pueblo fiel escandalizado, cansado y cada vez menos dispuesto a callar. Negarla no la cerrará. Seguir profundizándola, tampoco.