A 27 de enero de 2026, y pese a la creciente relevancia pública del debate migratorio y de la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno con el apoyo explícito de sectores de la Iglesia, ACCEM continúa sin responder a una pregunta elemental de transparencia: quién compone su Asamblea General, el órgano supremo de gobierno de la entidad.
Infovaticana planteó formalmente esta cuestión el pasado 5 de septiembre de 2025 mediante un correo dirigido a la organización, solicitando información general —no protegida ni personal— sobre la composición de la Asamblea, el número de miembros con derecho a voto y el tipo de asambleístas, personas físicas o jurídicas. No se pedían nombres propios ni datos sensibles, sino una fotografía básica de la estructura de poder interno de una ONG que gestiona cifras propias de una gran empresa pública. A día de hoy, ese correo sigue sin respuesta.
No se trata de un hecho aislado. Nos consta que varios lectores de Infovaticana, tras la publicación del primer artículo sobre ACCEM, han planteado consultas similares a la organización, tanto por vías formales como informales. El resultado ha sido el mismo: silencio absoluto. Ninguna aclaración, ningún comunicado, ninguna referencia pública que permita conocer cómo se legitima internamente la dirección de una entidad que, según su propia Memoria 2024, manejó ingresos provisionales superiores a los 225 millones de euros, con más del 88 % procedente de la Administración General del Estado.
Este dato no es menor ni accesorio. ACCEM es hoy uno de los principales operadores del sistema público de acogida de inmigrantes y solicitantes de asilo en España. Cuenta con miles de empleados, miles de plazas de acogida y decenas de miles de beneficiarios anuales. Su peso real en la ejecución material de la política migratoria es indiscutible. En la práctica, actúa como una pieza estructural del modelo migratorio vigente, financiado casi íntegramente con dinero público.
En este contexto, la opacidad sobre su Asamblea General resulta especialmente grave. La Junta Directiva de ACCEM es conocida y figura en organigramas y memorias. Su presidenta, Pilar Samanes Ara, y otros cargos de relevancia cuentan con perfiles públicos vinculados al ámbito eclesial. Nada de ello es ilegal ni oculto. Lo que permanece en la penumbra es el órgano que elige a esa Junta, fija las líneas estratégicas y, en último término, legitima las decisiones que afectan a cientos de millones de euros de fondos públicos.
La ausencia de información no puede justificarse por razones de protección de datos. Saber si la Asamblea está formada por unas pocas personas o por un colectivo amplio, si se renueva periódicamente o si permanece cerrada durante años, o si está integrada por individuos o por entidades, es una cuestión básica de gobernanza. Es, además, un estándar mínimo de transparencia exigible a cualquier organización que dependa de manera tan abrumadora de financiación pública.
Esta falta de claridad adquiere aún mayor relevancia en el actual clima político y eclesial. La regularización masiva de inmigrantes promovida por el Gobierno converge con un discurso sostenido desde la Conferencia Episcopal Española y sus entidades afines, orientado a la acogida y la integración, con escaso énfasis en los límites estructurales o en los efectos sociales de estas políticas. ACCEM, con raíces eclesiales reconocidas, se sitúa en el punto exacto donde ese discurso moral se convierte en ejecución práctica mediante contratos, subvenciones y programas financiados por el Estado.
No se trata de establecer una acusación ni de cuestionar la legalidad de la actividad de ACCEM, sino de señalar una incoherencia institucional evidente. En un sistema democrático, la gestión de dinero público exige no solo auditorías contables, sino también transparencia sobre quién toma las decisiones y bajo qué legitimidad interna. Cuando el órgano supremo de una entidad que maneja más de 200 millones de euros anuales permanece invisible, la pregunta deja de ser ideológica y se convierte en estrictamente democrática.
El silencio prolongado de ACCEM no disipa las dudas; las agrava. Mientras no se aclare quién compone su Asamblea General y cómo se ejerce el control interno, seguirá abierta una cuestión fundamental para el conjunto de la sociedad: si el dinero es público y las consecuencias sociales son colectivas, ¿por qué el poder interno de uno de los pilares del modelo migratorio permanece fuera del escrutinio público?