El Gobierno de Pedro Sánchez se ha visto obligado a suspender el homenaje de Estado de carácter laico que pretendía celebrar en Huelva en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz. La decisión llega tras el rechazo explícito de la mayoría de las familias, especialmente de aquellas residentes en la provincia onubense, donde vivían 27 de los 45 fallecidos. La falta de respaldo de los familiares ha dejado sin sentido un acto que el Ejecutivo había impulsado de espaldas al sentir mayoritario de los afectados.
Según fuentes oficiales, tanto La Moncloa como la Junta de Andalucía admiten que el homenaje, previsto para el sábado 31 de enero, se aplaza tras constatar que no existía confirmación suficiente de asistencia por parte de las familias. El malestar venía gestándose desde días antes, especialmente en Huelva, una tierra profundamente marcada por la fe cristiana, donde la pretensión de organizar una ceremonia sin referencia religiosa fue percibida como una imposición ideológica ajena al dolor real de las víctimas.
El tren Alvia siniestrado tenía como destino Huelva, y localidades como Punta Umbría, Bollullos Par del Condado, Gibraleón o Aljaraque continúan sumidas en el duelo mientras reclaman explicaciones claras y responsabilidades por lo ocurrido. En este contexto, el anuncio de un funeral laico promovido por el Ejecutivo central fue recibido con incomprensión y rechazo, al entenderse como un gesto político más que como un verdadero acto de acompañamiento a los familiares.
La ceremonia que el Gobierno pretendía organizar excluía expresamente cualquier presencia de autoridad religiosa, con el objetivo declarado de evitar un carácter confesional. Sin embargo, esa decisión ha chocado frontalmente con la realidad social y espiritual de la provincia, donde la práctica totalidad de los fallecidos están siendo despedidos en funerales católicos. Para muchas familias, un homenaje sin Dios no solo resulta insuficiente, sino profundamente ofensivo en un momento de dolor extremo.
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sí ha confirmado su asistencia al funeral católico que se celebrará en Huelva, mientras que sigue sin conocerse si acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, principal impulsor del acto laico ahora suspendido. La ausencia de un gesto claro de cercanía por parte del Ejecutivo central no ha hecho sino aumentar la sensación de abandono entre los familiares.
Mientras tanto, el dolor de las familias se mezcla con una creciente indignación hacia unas autoridades a las que perciben más preocupadas por imponer un relato ideológico que por respetar la fe y la tradición de quienes han perdido a los suyos. “En Huelva no se puede hacer un funeral laico. Aquí los enfermos están en manos de la Virgen”, afirmaba esta semana la hermana de una de las víctimas en una entrevista televisiva, reflejando un sentir ampliamente compartido. En palabras aún más claras, “un funeral laico en Huelva no cabe; cabe un funeral cristiano”.
El clima en la provincia es de tensión contenida, pero los testimonios recogidos por los medios apuntan a que la paciencia se agota. El intento del Gobierno de convertir el duelo en un acto simbólico de su agenda secularista ha terminado fracasando, dejando al descubierto una vez más la distancia entre el poder político y la España real que sigue enterrando a sus muertos mirando al cielo.
Queda ahora por ver cuál será la actitud de la Casa Real, muy cómoda en los últimos tiempos participando o amparando ceremonias de estética laicista y guiños simbólicos propios de una secularización militante que muchos españoles identifican ya sin ambages con rituales masónicos del poder. La suspensión del homenaje gubernamental coloca a la Corona ante una disyuntiva incómoda: persistir en una neutralidad que, en la práctica, se percibe como alineamiento con la agenda ideológica del Ejecutivo, o escuchar a un pueblo que, en medio del dolor, sigue expresando con claridad que su consuelo y su esperanza no se entienden sin la fe.