El caso del P. Damian Howard SJ, hasta hace poco capellán católico principal en la Universidad de Oxford, suma nuevos elementos tras la respuesta oficial de los jesuitas en Gran Bretaña. La orden confirma ahora que el sacerdote fue apartado del ministerio en agosto de 2025 por conducta profesional indebida después de una denuncia que, según afirma, fue investigada y “sustanciada” por su equipo de salvaguarda. Además, señala que se ha encargado una revisión independiente y que se está a la espera de sus recomendaciones.
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En su comunicado, los jesuitas detallan que la investigación de salvaguarda incluyó entrevistas y examen de interacciones documentadas. A partir de sus conclusiones, sostienen que se tomó una medida inmediata: pedir a Howard que se apartara y que no ejerciera ministerio. La orden también afirma que el comportamiento investigado fue “inapropiado” y “totalmente inaceptable”.
En paralelo, medios locales en Oxford han recogido la confirmación de que la revisión externa en curso está vinculada a la Catholic Safeguarding Standards Agency (CSSA), el organismo creado en Inglaterra y Gales para supervisar y elevar los estándares de salvaguarda.
La actualización aporta también un frente especialmente sensible: el de la comunicación y el registro del caso. The Catholic Herald informa de que parte de la confusión sobre si el asunto fue “minimizado” habría surgido por diferencias de terminología entre el reporte inicial por teléfono y documentación posterior, algo que derivó en malentendidos. Según el mismo medio, el denunciante sostiene que pidió explicaciones reiteradas sobre esas discrepancias y que se topó con silencio, y afirma además que la CSSA le habría indicado que los términos de referencia de la revisión independiente no podrían examinar ciertos aspectos del caso.
La misma información incorpora una alegación especialmente seria: el denunciante asegura que un jesuita le presionó en conversaciones telefónicas para no acudir a la policía y que trasladó su preocupación por escrito en un correo fechado el 16 de septiembre. Se trata, por ahora, de una afirmación del denunciante que no ha sido confirmada públicamente por la orden, pero que eleva el listón de exigencia sobre la revisión externa: no solo por lo ocurrido, sino por cómo se gestionó el entorno del proceso.
El elemento decisivo es el alcance real de la revisión independiente y la claridad con la que se expliquen los criterios de reporte, documentación y acompañamiento del denunciante. En materia de salvaguarda, los matices terminológicos y las “diferencias de vocabulario” no son un detalle menor: pueden determinar la confianza en la institución, especialmente cuando el caso afecta a una figura pública y a un entorno universitario.