En Chile, el presidente electo José Antonio Kast, abogado católico del partido Republicano, ha estado organizando su próximo gabinete de ministros, y entre las nominaciones, la designación de Judith Marín (Evangélica del Partido Social Cristiano) como futura ministra de la Mujer y Equidad de Género (ese es el nombre completo del ministerio) abrió este viernes una controversia política y cultural sobre el papel de la religión en la vida pública y los límites entre la crítica legítima y la discriminación por creencias, al conocerse que Marín defiende las posturas provida: desde la concepción hasta la muerte natural.
El debate estalló durante las últimas horas, a raíz de cuestionamientos provenientes de sectores de la izquierda ideológica que han advertido que la fe evangélica de Marín y sus posturas valóricas podrían condicionar políticas públicas vinculadas a derechos, en un ministerio especialmente sensible y sometido a alta exposición mediática. Desde el entorno del gobierno entrante y desde su partido, en cambio, sostienen que parte de esas críticas no se dirigen a su capacidad de gestión, sino a su identidad religiosa.
En ese contexto, el cardenal y arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, intervino públicamente de madrugada a través de su cuenta en X para rechazar lo que calificó como una “cancelación” por motivos religiosos. “Discriminar o cancelar a una persona por la fe que profesa es inaceptable”, escribió, agregando que se trata de un acto de intolerancia que afecta la convivencia y el derecho a profesar una fe en democracia. Chomali subrayó que Chile es un país laico, “pero no antirreligioso”.
La polémica había sido empujada previamente por el diputado democratacristiano Héctor Barría, quien denunció una supuesta “canutofobia” contra la futura ministra, en alusión a prejuicios contra evangélicos. La discusión, además, se proyectó al interior del bloque que respaldará a Kast, luego de que el fundador y expresidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, cuestionara el nombramiento, describiéndolo como un “error” y una “provocación” debido a las posiciones conservadoras de Marín.
Desde el Partido Social Cristiano, su presidenta Sara Concha respondió con un llamado a la unidad de la futura coalición de gobierno y defendió a la designada. En entrevistas, negó que Marín busque “retroceder en derechos” y sostuvo que la futura ministra priorizará materias como la empleabilidad femenina y políticas sociales, en contraste con el enfoque ideológico que, a su juicio, marcó al gobierno saliente.
La controversia se produce a pocas semanas del cambio de mando del 11 de marzo, en un clima donde los nombramientos del gabinete se han convertido en señales políticas sobre el rumbo cultural del próximo Ejecutivo.
Si la política entra en la lógica de vetar a alguien por su fe, la libertad religiosa queda reducida a un eslogan útil solo cuando conviene. En ese sentido, las palabras del cardenal Chomali apuntan al centro del problema: cancelar por motivos religiosos es intolerancia, y la intolerancia —venga de donde venga, sobre todo de quienes la profesan como bandera— deteriora la convivencia y la vida pública.