En Madrid, la polémica por el Valle de los Caídos y la firma de Cobo ha dejado un mal sabor entre los fieles. Cuando el poder político empuja a intervenir símbolos y espacios sagrados y una parte de la jerarquía responde con lenguaje de negociación rozando la sumisión, da como resultado un gobierno eclesial que facilita la profanación por querer mantener las «buenas relaciones» y simpatía del Estado y su agenda ideológica. Esa discusión no es solo española. En Caracas aparece una escena distinta, más áspera, pero con un riesgo moral parecido.
Una denuncia que golpea a la Iglesia de Caracas
Mariana González de Tudares, hija de Edmundo González, afirmó que fue víctima de tres episodios de extorsión vinculados a autoridades del país, a personas relacionadas con la Iglesia y a individuos que decían representar organismos importantes. Según su testimonio, se le habría exigido que obligara a su padre a renunciar a su liderazgo opositor a cambio de la liberación de su esposo, Rafael Tudares, condenado a 30 años de prisión.
Añadió que esos episodios ocurrieron en espacios que deberían ser neutrales y protectores y señaló que hubo testigos en los tres casos. La acusación describe un método. Usar la privación de libertad como palanca para quebrar a una familia civil.
Biord lo niega y reivindica la mediación eclesial
El arzobispo de Caracas, Raúl Biord, reaccionó con un comunicado fechado el 20 de enero afrimando que en ningún momento se ha realizado en la arquidiócesis extorsión o presión a familiares de detenidos ni a nadie. El texto apela a una misión histórica de intermediación de la Iglesia en Venezuela para lograr justicia o liberaciones de presos por motivos políticos. Afirma comprender el dolor de la denunciante y asegura que la arquidiócesis ha acompañado pastoralmente a numerosos familiares de presos políticos sin otro interés que procurar su bien.
Acompañar y mediar es una cosa. Que el régimen use espacios eclesiales, o la cobertura de lo eclesial, como escenario para condicionar a familiares de detenidos, es otra completamente distinta. Eso es lo que denuncia González. Y en un país donde el chavismo ha convertido la coacción en instrumento político, esa frontera no se puede tratar como un malentendido menor.
Presos como moneda de cambio
The Pillar añade un dato relevante para entender por qué la acusación ha tenido credibilidad social. Rafael Tudares no era un actor político público. Precisamente por eso, organizaciones de derechos humanos verían su detención como una forma de presión indirecta contra su suegro. La esposa de Tudares calificó la condena como una violación del debido proceso y sostuvo que ni ella ni su abogado tuvieron acceso al expediente. También afirmó que solo pudo visitar a su esposo en prisión por primera vez la semana pasada.
El régimen no solo encarcela sino que administra el encierro como mensaje. Y ese método se vuelve todavía más corrosivo cuando la familia siente que las instituciones que deberían proteger, incluyendo instancias eclesiales, quedan expuestas a ser utilizadas o invocadas por el poder.
Un arzobispo bajo sospecha por su relación con el chavismo
The Pillar sitúa esta controversia en un clima previo de críticas contra Biord desde su nombramiento como arzobispo en 2024. El reportaje describe que su designación fue leída por algunos como una opción que no sería vetada por el Gobierno y que evitaría un estancamiento en el nombramiento episcopal en Caracas. Se menciona además un marco institucional que condiciona los nombramientos, con capacidad del Estado para bloquear candidatos, lo que estrecha el margen de maniobra.
En ese contexto, el texto recoge acusaciones internas sobre un trato duro hacia su predecesor, el cardenal Baltazar Porras, conocido por su tono crítico frente al régimen. Se afirma que Porras habría perdido apoyo material y que hoy viviría en una parroquia.
El reportaje añade episodios públicos que alimentan la percepción de cercanía con el poder. Entre ellos, una misa con una petición explícita por la liberación del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores, y una reunión pública de Biord con Maduro fuera de escenarios oficiales, algo que su predecesor evitó.
Del Valle a Caracas, el mismo dilema
La analogía con España no busca equiparar contextos. Madrid no es Caracas y la presión del chavismo no tiene equivalente democrático. Pero el dilema eclesial sí se parece en su núcleo. Cuando el poder decide intervenir un símbolo sagrado, como en el Valle de los Caídos, y la jerarquía adopta un papel de cooperación o de acompañamiento técnico, muchos fieles sienten que la Iglesia aparece más como gestora del conflicto que como custodia de lo sagrado.
En Venezuela el riesgo es aún más grave. Porque se trata de vidas. De familias presionadas. De presos convertidos en moneda de cambio. Si espacios eclesiales fueron usados para condicionar a la hija de un líder opositor, la herida moral sería profunda. Y aunque la arquidiócesis lo niegue, el simple hecho de que esa acusación resulte plausible para tantos revela una crisis de confianza que no se resuelve con una nota de prensa.
La salida no es la neutralidad, es la verdad
La Iglesia tiene una misión de mediación cuando eso salva vidas, abre puertas y evita males mayores. Pero la mediación exige una condición previa. No quedar capturada por el guion del poder. En un régimen que extorsiona, la distancia no es un lujo. Es una obligación moral.
La denuncia de Mariana González y el desmentido del arzobispo Biord dejan el interrogante sobre qué garantías reales tiene una familia civil, con un preso político de por medio, cuando entra en un espacio eclesial. Encuentra refugio o encuentra un lugar donde el régimen se siente cómodo para hablar.
En España, el Valle de los Caídos ha mostrado cómo la ambigüedad se paga cara. En Venezuela, la ambigüedad puede costar la libertad de una persona. Por eso el problema no es de comunicación. Es de autoridad moral. Y esa autoridad se pierde cada vez que el poder percibe que puede usar la Iglesia como pasillo.