La reacción de la Iglesia, a través de la Diócesis de Córdoba, tras el grave accidente ferroviario de Adamuz ha sido rápida y visible en el plano institucional y asistencial. El obispo, monseñor Jesús Fernández, ha expresado públicamente sus condolencias y su cercanía a las familias de los fallecidos y a las personas heridas, y la parroquia de San Andrés ha mantenido sus puertas abiertas para acoger a los afectados. Se han habilitado espacios de apoyo, se han destinado víveres para las primeras necesidades y numerosos vecinos y feligreses se han volcado durante la noche para preparar la acogida, encender estufas y organizar ayuda desde las dependencias parroquiales y municipales.
Todo ello es positivo y necesario, y muestra una Iglesia próxima al territorio. Sin embargo, en una tragedia con heridos graves y con fallecidos, resulta inevitable señalar una carencia importante al menos en la comunicación —y quizá también en la planificación— de la atención espiritual y sacramental. La información difundida ha puesto el foco en la acogida material, pero por el momento no ha concretado en sus canales oficiales, de forma explícita y verificable, movilización de sacerdotes disponibles, presencia reforzada en hospitales y acceso a los sacramentos para quienes lo soliciten.
Mientras medios de propiedad eclesial como COPE han destacado la movilización espontánea de psicólogos para acompañar a víctimas y familiares, no ha quedado claro si se han movilizado de manera coordinada los párrocos de la zona, si se ha reforzado la presencia de sacerdotes en los hospitales que reciben a los heridos, o si existe un número de teléfono específico y permanente para solicitar atención espiritual y sacramental. Es razonable pensar que ese servicio se está prestando, pero en una emergencia de esta magnitud no basta con suponerlo: conviene comunicarlo de manera clara, organizada y accesible.
Para muchos heridos y familiares la atención espiritual es una necesidad urgente, especialmente cuando el pronóstico es grave o incluso hay víctimas atrapadas en el lugar del accidente. Igual que se refuerzan turnos médicos o se activan equipos psicológicos, también debería explicarse con precisión que hay sacerdotes disponibles para acompañar, administrar los sacramentos y sostener espiritualmente a quienes lo pidan, con plena coordinación con los dispositivos oficiales.
Desde un punto de vista propositivo, y valorando la rápida reacción de la parroquia y los voluntarios, la respuesta de la diócesis podría reforzarse con medidas concretas y comunicables: anunciar explícitamente la movilización del clero de la zona afectada, informar del refuerzo de la capellanía hospitalaria en los centros que reciben heridos y facilitar canales claros de contacto para atención espiritual inmediata. No se trata de restar valor a la ayuda material, sino de recordar que la misión específica de la Iglesia, en una tragedia así, es ante todo sacramental.