La Conferencia Episcopal de Estados Unidos (USCCB) ha agradecido al Gobierno de Donald Trump una modificación normativa que elimina la obligación de pasar un año fuera del país entre dos visados religiosos R-1. Según los obispos, el cambio reducirá interrupciones en parroquias y obras católicas —especialmente en zonas rurales— mientras muchos sacerdotes y religiosos extranjeros esperan durante años (incluso décadas) la residencia permanente.
Días después de la visita del presidente de la USCCB, el arzobispo Paul S. Coakley, al presidente Donald Trump, la Conferencia Episcopal estadounidense ha emitido un comunicado oficial en el que Coakley y el obispo Brendan J. Cahill, responsable del comité episcopal de Migración, califican la medida como “un paso verdaderamente significativo” para sostener servicios religiosos esenciales en Estados Unidos y evitar “disrupciones” en ministerios y obras consolidadas.
Los prelados agradecen explícitamente a la Administración su trabajo para afrontar las dificultades que afectan a “trabajadores religiosos nacidos en el extranjero”, a sus empleadores y a las comunidades a las que sirven.
El cambio concreto: qué pasa con el visado R-1
En términos prácticos, el visado R-1 es el permiso que permite a sacerdotes, religiosos y otros trabajadores de confesiones reconocidas desempeñar su misión en Estados Unidos.
Hasta ahora, quienes agotaban el tiempo máximo de permanencia con ese visado (generalmente cinco años) debían salir del país y, si volvían a solicitar un nuevo R-1, estaban obligados a permanecer al menos un año fuera de EE. UU. antes de poder regresar.
La norma anunciada por la Administración de Trump (una Interim Final Rule, prevista para publicarse en el Federal Register) elimina ese “año obligatorio” fuera del país: ya no habrá un mínimo de tiempo fuera entre visados R-1, siempre que se cumplan el resto de requisitos.
En la práctica, este requisito de “un año fuera” provocaba vacíos en parroquias, capellanías, escuelas y obras sociales cuando el sacerdote o religioso que las atendía debía marcharse por obligación administrativa. Esto afecta especialmente a diócesis con escasez de clero y a zonas aisladas, donde la sustitución es difícil o directamente imposible.
La USCCB subraya que el cambio ofrece un alivio mientras los religiosos esperan la residencia permanente (green card), un proceso que —según los obispos— se ha alargado hasta plazos de “varias décadas” para algunos solicitantes.
Los obispos piden una solución legislativa más amplia
Aunque celebran la medida, Coakley y Cahill añaden que no es suficiente. Para “proporcionar todo el alivio necesario” y proteger plenamente el ejercicio de la libertad religiosa, los obispos instan al Congreso a aprobar la Religious Workforce Protection Act, una propuesta con apoyo bipartidista que, en su opinión, daría estabilidad a largo plazo a estas comunidades y a los trabajadores religiosos.