La ACCEM (Asociación Comisión Católica Española de Migración) se ha consolidado como uno de los principales operadores del sistema público de acogida de inmigrantes y solicitantes de asilo en España. Su dimensión económica y operativa ya no admite discusión. Según la Memoria 2024 publicada por la propia entidad, ACCEM declaró ingresos totales provisionales de 225.118.355,31 euros, de los cuales el 88,16 % procedía de la Administración General del Estado, a lo que se añaden fondos autonómicos, locales y europeos. Se trata, por tanto, de cientos de millones de euros de financiación pública gestionados en un solo ejercicio.
Miles de empleados, miles de plazas, decenas de miles de beneficiarios
Ese volumen presupuestario se traduce en una estructura de gran escala. En la misma memoria corporativa, ACCEM reconoce contar con 3.839 personas empleadas y 770 voluntarios, además de gestionar 9.812 plazas de acogida a lo largo de 2024. En ese periodo, la entidad afirma haber atendido a 42.757 personas en sus distintos programas y dispositivos. Estas cifras sitúan a ACCEM no como una ONG testimonial, sino como un actor estructural de la política migratoria ejecutada con fondos públicos, con capacidad real para condicionar su orientación práctica.
El núcleo del poder interno: la Asamblea General
Como en cualquier asociación, el órgano supremo de ACCEM no es la dirección técnica ni siquiera la Junta Directiva, sino la Asamblea General, responsable de fijar las líneas estratégicas y elegir a quienes gobiernan la entidad. La Junta Directiva sí es conocida: aparece en organigramas públicos y memorias anuales. En su cúspide figura Pilar Samanes Ara, presidenta de ACCEM, identificada en fuentes abiertas como religiosa de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Junto a ella, cargos como el vicepresidente José Antonio Arzoz Martínez o el presidente de honor Pedro Puente Fernández han sido presentados en distintas biografías públicas como sacerdotes con una larga trayectoria pastoral, especialmente en el ámbito social y migratorio.
Este perfil eclesial en la cúpula no es ilegal ni clandestino y resulta coherente con el origen histórico de ACCEM como Comisión Católica Española de Migración, surgida en el entorno de la Iglesia española. El problema no es quién dirige, sino quién legitima esa dirección.
El correo que nunca obtuvo respuesta
Con el objetivo de esclarecer esta cuestión básica de gobernanza, Infovaticana remitió el 5 de septiembre de 2025 un correo formal a ACCEM solicitando información general —no personal ni protegida— sobre la Asamblea General. En ese mensaje se pedía conocer el número de miembros con derecho a voto, si se trataba de personas físicas o jurídicas y con qué frecuencia se incorporaban nuevos asambleístas. El medio subrayaba expresamente que comprendía las limitaciones de la protección de datos y que la solicitud se hacía desde un criterio de transparencia y control democrático.
Hasta la fecha de publicación de este artículo, ACCEM no ha respondido a ese correo.
Una opacidad que va más allá del silencio
La ausencia de respuesta no es el único elemento llamativo. En fuentes abiertas no consta convocatoria pública alguna de la Asamblea General de ACCEM, ni anuncios previos, ni comunicados posteriores, ni crónicas, actas o referencias informativas sobre la celebración de dicho órgano. No hay notas de prensa, ni entradas en la web corporativa, ni menciones en memorias que detallen fechas, acuerdos o debates de la Asamblea.
El contraste es evidente: resulta sencillo encontrar información pública sobre asambleas de asociaciones vecinales, culturales o barriales, con presupuestos mínimos y un impacto local limitado. En esos casos, suelen publicarse convocatorias, órdenes del día o al menos reseñas de los acuerdos adoptados. En cambio, en el caso de ACCEM —una asociación que gestiona más de 225 millones de euros de fondos públicos anuales—, no existe rastro accesible de su órgano supremo de gobierno.
Dinero público, control privado
La información solicitada por Infovaticana no afectaba a la intimidad de nadie. Saber si la Asamblea está formada por decenas, cientos o un grupo muy reducido de miembros, o si está integrada por personas físicas o por entidades jurídicas, es un dato estructural esencial para evaluar el grado de pluralismo, apertura y control interno de una organización financiada mayoritariamente con dinero público.
La falta de transparencia en este punto impide conocer si la orientación estratégica de ACCEM responde a un órgano amplio y representativo o a un núcleo cerrado y poco renovado, capaz de perpetuar determinadas líneas ideológicas y operativas sin un contrapeso interno visible.
Iglesia, migración y coherencia de ecosistema
Este déficit de transparencia adquiere mayor relevancia en el contexto del debate migratorio. La Iglesia católica en España mantiene desde hace años un mensaje pastoral claramente orientado a la acogida, la integración y la regularización amplia de la inmigración, con escaso énfasis en la repatriación o en los límites estructurales de las sociedades receptoras. ACCEM, con raíces eclesiales reconocidas y una cúpula directiva integrada por perfiles religiosos, actúa como gestor material de programas públicos de acogida e integración financiados por el Estado.
No se trata de afirmar una relación causal directa ni de cuestionar la legalidad de esa actividad, sino de señalar una coherencia de ecosistema entre discurso moral, estructura organizativa y ejecución de políticas públicas. Cuando ese ecosistema se sostiene sobre una Asamblea General invisible, la pregunta deja de ser ideológica y pasa a ser institucional.
Una exigencia democrática pendiente
ACCEM publica memorias económicas y organigramas, pero no permite conocer siquiera en términos generales quién compone la Asamblea que elige a su Junta Directiva. En un contexto de máxima sensibilidad social, migratoria y presupuestaria, esa opacidad no puede considerarse neutra.
La transparencia no consiste solo en auditar cifras, sino en permitir que la sociedad conozca las estructuras de poder interno de quienes administran fondos públicos. Mientras ACCEM no responda a una pregunta tan elemental como quién forma su Asamblea General, seguirá abierta una duda legítima: si el dinero es público, ¿por qué el control interno permanece en la penumbra?