La decisión de la Corte de Casación del Estado de la Ciudad del Vaticano, hecha pública este 12 de enero, marca un punto de inflexión en el proceso del llamado caso Becciu. No tanto por su contenido técnico —dos ordenanzas que confirman la inadmisibilidad del recurso del Promotor de Justicia y toman nota de su abstención— como por lo que implica en términos institucionales: la salida de escena de Alessandro Diddi y la posibilidad real de que la apelación avance sin las sombras que han lastrado el proceso desde su origen.
La Sala de Prensa de la Santa Sede se limitó, como es habitual, a comunicar los hechos: la abstención del Promotor de Justicia en uno de los procedimientos y la confirmación, en el otro, de que su apelación era jurídicamente inadmisible. También se anunció la fecha de la próxima audiencia de la Corte de Apelación, fijada para el 3 de febrero. Pero detrás de esta sobriedad comunicativa se esconde una decisión de enorme calado.
La retirada de Diddi: un gesto obligado
Tal como informó Il Messaggero, Alessandro Diddi ha dado un paso atrás. No por una cuestión menor, sino para evitar que el proceso colapse bajo el peso de las recusaciones, sospechas y tensiones acumuladas. Su abstención en el procedimiento relativo al Palacio de Londres supone, de facto, su salida definitiva del caso más controvertido de la justicia vaticana reciente.
Las defensas del cardenal Angelo Becciu y de otros imputados habían planteado formalmente la recusación del Promotor de Justicia, alegando un interés personal en el procedimiento. El núcleo de la acusación era grave: contactos impropios y una trama de relaciones que habrían influido en la construcción de la acusación, especialmente a través del memorial de monseñor Alberto Perlasca, principal acusador del cardenal Becciu.
La Corte de Apelación consideró admisible esa recusación. La Casación, al tomar nota de la abstención de Diddi, ha evitado una colisión institucional de consecuencias imprevisibles. El mensaje implícito es claro: el proceso no podía seguir avanzando con el Promotor bajo sospecha.
Un proceso cargado de anomalías
El caso del Palacio de Londres nació de una operación financiera opaca de la Secretaría de Estado para adquirir un inmueble de lujo en Sloane Avenue. A partir de ahí, el procedimiento se convirtió en un laberinto de acusaciones por fraude, blanqueo, abuso de poder, peculado y extorsión, con nueve condenados en primera instancia, entre ellos un cardenal de la Iglesia que siempre ha proclamado su inocencia.
Durante el juicio emergieron elementos inquietantes: testimonios contradictorios, hipótesis de grabaciones ilegales en suelo italiano, la intervención de personajes que actuaban entre bastidores, y la sospecha persistente de que la instrucción había sido dirigida más por objetivos políticos que por una estricta búsqueda de la verdad.
Todo ello se vio agravado por las intervenciones directas del pontificado anterior, que modificó las reglas del proceso mediante rescriptos, en detrimento de las garantías de la defensa. Esa herencia pesa hoy sobre la justicia vaticana.
La Casación como test del nuevo pontificado
Por eso la decisión de la Corte de Casación —integrada por cardenales— ha sido percibida dentro y fuera de la Iglesia como una prueba decisiva del nuevo curso bajo León XIV. No se trata solo de un trámite jurídico: está en juego la credibilidad del sistema judicial del Vaticano.
El Papa ha dejado claro en más de una ocasión que no intervendrá en el proceso. Esa no injerencia contrasta con el pasado reciente y sitúa la responsabilidad directamente en los tribunales. La retirada de Diddi permite que la apelación se celebre sin el elemento más controvertido del procedimiento y abre la posibilidad de una revisión real, no condicionada.
No es una absolución, es una oportunidad
Conviene subrayarlo con claridad: nada de lo ocurrido implica absoluciones ni revisiones automáticas de las condenas. Lo que se ha logrado es algo previo y fundamental: restablecer un mínimo de orden procesal para que la apelación pueda celebrarse con garantías.
Algunos abogados defensores han calificado la abstención de Diddi como una decisión “sabia”, en la medida en que confirma la legitimidad de las objeciones planteadas y permite cerrar una etapa marcada por la opacidad. Si esa página se cierra definitivamente dependerá de lo que ocurra a partir de ahora.
Juzgar por los frutos
El caso Becciu se ha convertido, quiera o no la Santa Sede, en el símbolo de una cuestión más amplia: si el Vaticano es capaz de administrar justicia con transparencia, coherencia y respeto a los derechos fundamentales, incluso cuando los acusados forman parte de la jerarquía.
La decisión de la Casación y la salida de Diddi no resuelven el problema, pero eliminan un obstáculo mayor. Ahora la responsabilidad recae plenamente en la Corte de Apelación. Los frutos de este nuevo tramo del proceso dirán si estamos ante un verdadero cambio de rumbo o ante una corrección mínima para evitar un descrédito mayor.