Las declaraciones de mons. Luis Argüello tras la firma del acuerdo entre la Conferencia Episcopal Española y el Gobierno, por el que se abre una vía de canalización de denuncias a través del Defensor del Pueblo, merecen una reflexión serena pero firme. No tanto por lo que se ha firmado —que puede leerse como un gesto de colaboración institucional— sino por el marco en el que se inserta y por las implicaciones que conlleva.
El presidente del Episcopado ha insistido en que el acuerdo reconoce explícitamente el plan de reparación de la Iglesia y que la nueva vía no es paralela al PRIVA, sino complementaria, además resaltó que cuenta con el aval de la Santa Sede según comunicaciones que tuvo él mismo con el secretario de Estado, el cardenal Parolin. Jurídicamente puede ser cierto. Eclesialmente, la cuestión es más delicada.
Un reconocimiento que no es neutral
Que el Estado “reconozca” el plan de reparación de la Iglesia no es, en sí mismo, un triunfo. La Iglesia no necesita validación estatal para ejercer justicia, caridad y responsabilidad dentro de su propia casa. Cuando ese reconocimiento se presenta como argumento legitimador, conviene preguntarse quién fija las condiciones y desde qué presupuestos.
La experiencia reciente demuestra que la colaboración con el poder político en materias internas de la Iglesia rara vez es neutral. El Estado no actúa movido por una preocupación pastoral ni por el bien espiritual de las víctimas, sino por una lógica política, mediática y, en no pocos casos, ideológica.
El Defensor del Pueblo como mediador: una anomalía eclesial
Presentar al Defensor del Pueblo como una vía “complementaria” puede sonar razonable, pero introduce un elemento inquietante: la asunción tácita de que la Iglesia no es un ámbito suficientemente fiable para acoger, discernir y reparar. Se abre así la puerta a una tutela externa permanente sobre una realidad que, por su propia naturaleza, es eclesial y no estatal.
No se trata de negar los pecados cometidos ni de restar gravedad a los abusos, sino de recordar que la Iglesia tiene —y debe ejercer— su propia autoridad moral, jurídica y pastoral. Delegar esa función, aunque sea parcialmente, erosiona la responsabilidad episcopal y refuerza la narrativa de una Iglesia incapaz de gobernarse a sí misma.
Dos obsesiones del Gobierno
El propio mons. Argüello ha señalado un dato revelador: los dos únicos asuntos que parecen interesar al Gobierno en su relación con la Iglesia son los abusos y el Valle de los Caídos. No es una observación menor. Ambos temas son utilizados de forma sistemática como instrumentos de presión política y de relectura ideológica del pasado y del presente eclesial.
Aceptar este marco sin cuestionarlo implica asumir que la Iglesia comparece siempre a la defensiva, obligada a responder a agendas ajenas, mientras otras cuestiones fundamentales —libertad religiosa, educación, familia, vida— quedan fuera del diálogo institucional.
Prudencia no es sumisión
Es legítimo buscar caminos de reparación y acompañamiento a las víctimas. Es obligatorio hacerlo con verdad, justicia y caridad. Pero la prudencia pastoral no puede confundirse con la cesión progresiva de competencias ni con la normalización de una supervisión estatal sobre la vida interna de la Iglesia.
La credibilidad eclesial no se recupera entregando la iniciativa, sino ejerciendo con claridad la propia misión. La Iglesia no es una ONG sometida a auditorías externas, sino una realidad fundada por Cristo, con una responsabilidad directa ante Dios y ante los fieles.
El tiempo dirá si este acuerdo sirve realmente al bien de las víctimas o si, por el contrario, consolida un precedente peligroso. En la Iglesia, las decisiones no se miden solo por su intención, sino por sus frutos. Y esos frutos deberán evaluarse no desde la complacencia institucional, sino desde la verdad y la libertad que exige el Evangelio.