La Federación Internacional de Planned Parenthood (IPPF) ha anunciado el recorte de cerca de 1.000 puestos de trabajo en distintas partes del mundo como consecuencia directa de la retirada de financiación procedente de Estados Unidos, impulsada durante la administración del presidente Donald Trump, según informa LifeSiteNews.
De acuerdo con los datos facilitados por la propia organización, 34 asociaciones afiliadas se han visto obligadas a reducir personal, lo que se traduce en la pérdida de alrededor de 969 empleos. La IPPF atribuye esta situación a las políticas de desfinanciación que buscan impedir que fondos públicos estadounidenses sostengan organizaciones implicadas en la promoción y práctica del aborto a nivel internacional.
Fin del apoyo público a la industria del aborto
La retirada de fondos forma parte de una estrategia más amplia orientada a cortar el respaldo económico del Estado a entidades vinculadas al aborto, una de las prioridades del movimiento provida durante la presidencia de Trump. Estas medidas no solo han afectado a Planned Parenthood en Estados Unidos, sino también a su extensa red internacional, que depende en gran medida de subvenciones públicas.
Desde una perspectiva provida, estos recortes ponen de manifiesto hasta qué punto la estructura de Planned Parenthood depende del dinero de los contribuyentes, incluso para sostener su entramado global. Organizaciones defensoras de la vida han subrayado que la pérdida de empleos y el cierre de programas no es fruto de una persecución ideológica, sino de la decisión de no financiar con dinero público actividades contrarias al derecho a la vida.
Una red global en retroceso
La propia IPPF ha reconocido que los recortes han provocado el cierre o paralización de numerosos centros y la suspensión de programas en países de África, Asia y América Latina. La organización sostiene que millones de personas quedarán sin acceso a servicios de “salud sexual y reproductiva”, un concepto que incluye de forma central la promoción del aborto y de políticas anticonceptivas desvinculadas de la maternidad.
Desde el ámbito provida se recuerda que defender la vida humana no equivale a abandonar a las mujeres, sino a rechazar un modelo que presenta el aborto como solución a la pobreza, la enfermedad o la falta de recursos. Numerosas iniciativas han insistido en que los fondos públicos deberían destinarse a atención sanitaria auténtica, apoyo a la maternidad y protección del no nacido, y no al sostenimiento de una industria ideológica.