La reciente presentación del IX Informe FOESSA por parte de Cáritas a Sánchez no es un hecho menor. No solo por el contenido del informe —que describe con datos una España socialmente fracturada—, sino por el gesto político que lo acompaña: una fotografía, un discurso y una interlocución privilegiada con un Ejecutivo cuya responsabilidad directa en muchas de esas fracturas resulta difícil de ignorar.
Que Cáritas analice la pobreza, la exclusión y las dificultades estructurales de amplias capas de la población forma parte de su misión histórica. Nadie discute el valor del diagnóstico ni el trabajo de miles de voluntarios que, en silencio, sostienen a los más vulnerables. El problema comienza cuando la denuncia se sustituye por un lenguaje que parece legitimar políticas que han contribuido precisamente a agravar los males que se describen.
El informe reconoce mejoras macroeconómicas y avances como el Ingreso Mínimo Vital, pero elude una pregunta esencial: ¿por qué, tras años de expansión del gasto público y de ingeniería social, la exclusión sigue afectando a millones de personas, especialmente a niños y jóvenes? ¿Por qué la vivienda es hoy más inaccesible que nunca? ¿Por qué la precariedad se cronifica? Señalar los síntomas sin cuestionar seriamente las causas equivale a quedarse a mitad de camino.
Especialmente preocupante resulta la insistencia en una regularización masiva de inmigrantes presentada como solución casi automática. Convertir la regularización extraordinaria en eje moral del discurso no solo ignora sus efectos económicos y sociales —presión a la baja sobre los salarios, mayor precariedad, tensión en los servicios públicos, aumento de la inseguridad—, sino que además desdibuja el concepto mismo de caridad cristiana. La caridad no consiste en avalar políticas que desordenan la convivencia ni en asumir como inevitables decisiones que perjudican gravemente al bien común.
La doctrina social de la Iglesia habla de dignidad humana, sí, pero también de justicia, subsidiariedad, responsabilidad política y primacía del bien común. Defender a los pobres no implica alinearse con un proyecto ideológico concreto ni convertirse en correa de transmisión de un gobierno. Cuando la acción eclesial se percibe como complaciente con el poder, pierde autoridad moral y credibilidad profética.
España necesita respuestas profundas, no consignas. Necesita familias fuertes, empleo digno, control efectivo de las fronteras, una política de vivienda realista y una economía que no se sostenga sobre la precarización ni sobre la dependencia permanente del Estado. Y necesita, sobre todo, una Iglesia que acompañe a los pobres sin confundirse con quienes gobiernan mal.
La caridad cristiana no puede separarse de la justicia ni del bien común. Juzguemos por los frutos.