Las escuelas católicas en Francia están siendo objeto de inspecciones estatales consideradas intrusivas y abusivas, según un informe del Secretariado General de la Educación Católica (SGEC). El documento, publicado el 8 de diciembre, denuncia métodos que vulneran la dignidad del profesorado y la identidad propia de los centros confesionales, bajo el pretexto de garantizar la calidad educativa.
Según informa Il Tempo, el informe del SGEC —de 14 páginas y difundido ampliamente por las agencias de prensa nacionales— no cuestiona el principio de la supervisión estatal, sino las prácticas empleadas por los inspectores, calificadas de “abusivas” e “intrusivas”. A juicio de sus autores, estas actuaciones han llegado a comprometer tanto la dignidad de los educadores como el carácter específico de las instituciones escolares católicas, reconocido por la legislación francesa.
El endurecimiento de los controles se enmarca en el clima generado tras el caso Bétharram, relacionado con el colegio de la congregación del Sagrado Corazón de Jesús en los Pirineos Atlánticos, donde se denunciaron abusos físicos y sexuales cometidos durante décadas. A raíz de este escándalo, una comisión parlamentaria reclamó un refuerzo de las inspecciones en los centros educativos para garantizar una mayor protección de los menores.
No obstante, desde el inicio de esta nueva fase de controles, responsables de escuelas católicas expresaron su temor a una instrumentalización política de las inspecciones. Testimonios recogidos por el propio SGEC describen “demostraciones de fuerza desproporcionadas”, con inspectores que habrían acudido en grupos numerosos, entrando sin previo aviso en las aulas, interrumpiendo las clases, fotografiando los espacios escolares, interrogando de forma directa a los alumnos y registrando mochilas.
De acuerdo con EWTN, algunos docentes denunciaron que los inspectores entraron en las aulas sin identificarse, revisaron cuadernos durante las lecciones o interrogaron al personal delante de los niños. El informe considera especialmente inquietantes las preguntas sobre prácticas religiosas personales, como la asistencia a la misa dominical, así como la fotografía de diarios espirituales de los alumnos, concebidos como documentos privados. También se mencionan presiones para retirar símbolos y referencias cristianas de los proyectos educativos, en contradicción con el reconocimiento jurídico del carácter propio de las escuelas católicas.
El documento recoge además indicaciones de inspectores orientadas a reducir el carácter distintivo de los centros en favor de una concepción estrictamente secular de la educación pública. En uno de los casos citados, se instó a una escuela a subordinar su carisma religioso a la misión estatal de la enseñanza, lo que los autores interpretan como un intento de imposición ideológica incompatible con la libertad educativa.
Para el SGEC, el alcance y la intensidad de estas inspecciones ponen de relieve una tensión creciente entre el principio de laicidad del Estado francés y el derecho de los padres a una educación conforme a sus convicciones, un derecho fundamental que el informe considera amenazado por la deriva actual de los controles.