El acuerdo firmado entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal Española (CEE), junto con la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), abre una nueva vía para atender a víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia cuyos casos no han llegado a los tribunales o ya no pueden hacerlo. El texto establece un marco común de actuación y deja claro que no se trata de una imposición legal, sino de un acuerdo alcanzado entre las partes para dar respuesta a situaciones que han quedado fuera del recorrido judicial.
El documento fija el alcance del sistema, su duración y el modo en que se tramitarán los casos, con el objetivo declarado de ofrecer reconocimiento y algún tipo de reparación a las víctimas, sin reabrir procesos penales ni sustituir la función de los jueces.
Una vía extrajudicial y con plazo limitado
El acuerdo se dirige exclusivamente a aquellos casos en los que la vía judicial ya no es posible, bien porque los delitos han prescrito o porque el agresor ha fallecido. En este sentido, se configura como un procedimiento extrajudicial, pensado para abordar situaciones que el sistema penal ya no puede resolver.
Además, se trata de una vía con un plazo limitado. Su duración inicial es de un año, con la posibilidad de ampliarla un año más si así lo acuerdan el Gobierno y la Iglesia. De este modo, el acuerdo se presenta como una respuesta excepcional y no como una estructura permanente.
La reparación más allá de lo económico
Uno de los aspectos que subraya el texto es que la reparación no se limita a una compensación económica. El acuerdo contempla distintas formas de reconocimiento del daño sufrido, que pueden incluir gestos simbólicos, apoyo psicológico o moral y otras medidas adaptadas a cada caso concreto.
La intención, según se desprende del documento, es evitar una respuesta uniforme y atender a la realidad de cada víctima, respetando su voluntad y su situación personal.
El papel del Defensor del Pueblo
El sistema acordado sitúa al Defensor del Pueblo en un papel central. Su oficina será la encargada de estudiar cada caso y de formular una propuesta de reconocimiento y reparación. Esa propuesta será valorada por la comisión PRIVA, creada por la Iglesia, que emitirá un informe antes de que se adopte una decisión definitiva.
Cuando existan discrepancias entre las partes, el acuerdo prevé un espacio de diálogo a través de una comisión mixta. Si aun así no se alcanza un consenso, será finalmente el Defensor del Pueblo quien adopte la resolución final, tras escuchar a las partes implicadas.
Un procedimiento con participación de la víctima
El proceso solo se inicia a petición de la propia persona afectada. A lo largo del procedimiento, la víctima puede conocer la propuesta de reparación, expresar su acuerdo o desacuerdo y presentar las observaciones que considere oportunas antes de que se tome una decisión definitiva.
Este planteamiento busca garantizar que la víctima no sea un sujeto pasivo del proceso, sino que tenga una participación real en el desarrollo del mismo.
La Iglesia asume la ejecución de las reparaciones
El acuerdo establece que la ejecución de las medidas de reparación corresponde a la Iglesia, a través de los mecanismos ya creados para este fin. La CEE y la CONFER se comprometen a garantizar que las decisiones adoptadas se lleven a cabo, incluso en los casos en que la entidad responsable no pueda hacerlo directamente 2.
De este modo, la responsabilidad última de cumplir las reparaciones reconocidas recae en la propia institución eclesial.
Exenciones fiscales y encaje legal
Por parte del Gobierno, el acuerdo incluye el compromiso de facilitar que las posibles reparaciones económicas estén exentas de tributación, de modo que no supongan una carga fiscal añadida para las víctimas. El sistema se encuadra dentro del marco legal vigente y no introduce nuevas responsabilidades penales ni modifica sentencias ya firmes.
En conjunto, el acuerdo entre la CEE y el Gobierno establece una vía excepcional y limitada en el tiempo para atender a víctimas de abusos en el ámbito de la Iglesia cuando la justicia ya no puede intervenir. Su puesta en marcha combina la intervención del Defensor del Pueblo, la responsabilidad institucional de la Iglesia y la participación directa de las víctimas, en un intento de ofrecer una respuesta que hasta ahora no existía.