Estados Unidos contempla la imposición de sanciones selectivas y otras medidas contra Nigeria a partir de 2026, ante la persistente persecución de comunidades cristianas en el país africano. Así lo han indicado miembros del Congreso estadounidense y defensores de la libertad religiosa, tras recientes acciones militares y diplomáticas emprendidas por la Administración estadounidense.
Según informa ACI Prensa, el representante Riley Moore, republicano por Virginia Occidental, anunció que presentará al presidente Donald Trump un informe con propuestas concretas para frenar la violencia contra los cristianos y proteger a las comunidades afectadas. El documento incluirá unas 30 posibles medidas que Estados Unidos podría adoptar en cooperación con Nigeria, en el marco de la designación del país como “país de particular preocupación” (CPC) por violaciones graves de la libertad religiosa.
La oficina de Moore señaló que el congresista se reunirá con Trump durante enero para entregarle el informe, elaborado tras un viaje a Nigeria, especialmente a la región del Middle Belt, donde se reunió con cristianos de Nigeria podría enfrentar sanciones de EE. UU. por la violencia contra cristianos desplazados por la violencia y residentes en campos de refugiados internos.
Amenazas de sanciones y presión internacional
El presidente Trump ya había advertido públicamente de posibles acciones contra Nigeria tras anunciar su designación como CPC. En un mensaje publicado el 1 de noviembre, afirmó que si el Gobierno nigeriano no lograba detener el asesinato de cristianos, Estados Unidos suspendería toda ayuda y no descartaba una intervención militar. Tras los ataques del día de Navidad, Trump reiteró sus advertencias, asegurando que habría “consecuencias” para los responsables de la violencia.
La Ley de Libertad Religiosa Internacional (IRFA) de 1998 obliga al presidente de Estados Unidos a designar como CPC a los países que cometen o toleran violaciones particularmente graves de la libertad religiosa, incluyendo tortura, detención arbitraria prolongada y desapariciones forzadas. Esta designación permite la adopción de medidas que van desde presiones diplomáticas hasta sanciones económicas y restricciones de visado.
Expectativas de un cambio real
Nina Shea, investigadora principal del Hudson Institute, expresó su esperanza de que las recientes acciones estadounidenses impulsen al Gobierno nigeriano a actuar con mayor firmeza contra los militantes islamistas, incluyendo la confiscación de armas y el control efectivo de los grupos fulani implicados en ataques contra cristianos.
Shea confía en que la designación como CPC en 2026 permita el retorno de los cristianos desplazados a sus tierras con protección adecuada, así como una mayor cooperación en seguridad fronteriza para frenar la entrada de terroristas y armas desde la región del Sahel. También mencionó la posible imposición de sanciones de visado a funcionarios nigerianos cómplices de violaciones de la libertad religiosa.
Por su parte, Sean Nelson, asesor principal para la libertad religiosa global de Alliance Defending Freedom International, se mostró “cautelosamente optimista” respecto a las medidas previstas para 2026, subrayando que se trata del mayor esfuerzo visto en Washington para abordar una de las situaciones de persecución más graves del mundo. Nelson añadió que ADF centrará parte de su trabajo en impugnar ante la Corte Suprema de Nigeria las leyes de blasfemia que contemplan incluso la pena de muerte.