Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha permitido a la Administración de Donald Trump aplicar una medida presupuestaria que retira la financiación pública a clínicas de Planned Parenthood que practican abortos. La decisión afecta a 22 estados gobernados por el Partido Demócrata y supone un nuevo revés judicial para la mayor red abortista del país.
La resolución, adelantada por Fox News, ha sido dictada por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, que ha suspendido una orden previa de un tribunal inferior que bloqueaba la entrada en vigor de la medida. Con ello, el tribunal despeja el camino para que el Gobierno federal ejecute el recorte de fondos previsto en una reciente ley presupuestaria.
Revocada una decisión favorable a Planned Parenthood
El conflicto judicial se originó cuando la jueza federal Indira Talwani, con sede en Massachusetts, concedió una medida cautelar solicitada por varios estados y por Planned Parenthood, impidiendo la aplicación del recorte. Talwani aceptó el argumento de que el Congreso no había detallado suficientemente los cambios en la financiación de Medicaid, lo que, según su interpretación, podría vulnerar la Constitución.
Sin embargo, el tribunal de apelaciones —integrado por tres jueces, todos ellos nombrados por presidentes demócratas— ha paralizado esa decisión al considerar que los argumentos legales de los demandantes tienen pocas probabilidades de prosperar. Se trata, además, de la segunda ocasión en la que Talwani es revocada tras fallar a favor de Planned Parenthood en litigios similares.
Qué es Medicaid y por qué está en juego
Medicaid es un programa federal y estatal que financia la atención sanitaria de personas con bajos recursos en Estados Unidos. Aunque no cubre directamente el aborto en la mayoría de los supuestos, Planned Parenthood recibe fondos de Medicaid por otros servicios que presta en sus centros, como revisiones ginecológicas, pruebas de enfermedades de transmisión sexual o anticoncepción.
La medida aprobada por el Congreso —incluida en la denominada One Big Beautiful Bill Act— establece que, durante un año, determinados proveedores que practican abortos no puedan recibir fondos de Medicaid. El expresidente Trump firmó la ley el pasado 4 de julio, en línea con su política de restringir la financiación pública a organizaciones abortistas.
Los estados denuncian “represalias ideológicas”
Los estados demandantes, encabezados por California, sostienen que el recorte de fondos constituye una represalia política contra Planned Parenthood por su defensa pública del aborto. En su demanda, alegan que la organización estaría siendo castigada por ejercer lo que consideran un derecho constitucional.
Planned Parenthood, por su parte, afirma que la retirada de fondos obligaría al cierre de parte de sus cerca de 600 centros en todo el país y privaría de servicios sanitarios a más de un millón de personas, aproximadamente la mitad de sus usuarios. La organización insiste en que la mayoría de los servicios que presta no están relacionados con el aborto.
La postura del Gobierno federal
La Administración Trump ha defendido la legalidad de la medida subrayando que el Congreso impone regularmente condiciones al uso de fondos federales y que los estados aceptan esas condiciones al participar en programas como Medicaid.
En sus escritos ante el tribunal, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que se trata de una restricción presupuestaria “ordinaria”, similar a otras muchas incluidas en cada ciclo fiscal. Recordaron además que la ley no prohíbe la actividad de Planned Parenthood, sino que limita su acceso a dinero público.
Un debate con dimensión moral
Más allá del recorrido judicial del caso, la decisión del tribunal vuelve a plantear una cuestión de fondo que trasciende el debate estadounidense. No se trata únicamente de un conflicto presupuestario, sino de determinar si el Estado debe seguir financiando, directa o indirectamente, a organizaciones cuya actividad principal incluye la eliminación de vidas humanas en sus primeras etapas.