En la madrugada del 3 de enero, fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación relámpago en territorio venezolano que concluyó con la sustracción del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, sin enfrentamientos significativos ni bajas conocidas. El hecho, de enorme trascendencia política e histórica, obliga a un análisis que no puede limitarse a categorías morales superficiales ni a reflejos ideológicos automáticos.
Entre los católicos existe hoy un riesgo real de análisis desorientados, marcados por un pacifismo simplista, más cercano a una ética de ONG que a la tradición política y moral de la Iglesia. La doctrina católica nunca ha sostenido que la paz sea un valor absoluto desligado de la justicia, ni que toda forma de violencia sea intrínsecamente ilegítima. Por el contrario, ha desarrollado durante siglos un pensamiento sofisticado sobre la soberanía, la guerra justa, la tiranía, la resistencia y los límites de la intervención. Este texto no pretende cerrar el juicio, sino ordenar las variables que deben tenerse en cuenta para formularlo con rigor.
La soberanía de las naciones en la tradición católica
La soberanía nacional es un principio central del pensamiento político cristiano. Desde San Agustín, que vincula la legitimidad política al orden de la justicia en De Civitate Dei, hasta Santo Tomás de Aquino, la comunidad política es entendida como una realidad moral con derecho a gobernarse a sí misma. Tomás de Aquino, en la Summa Theologiae, establece que la guerra solo puede considerarse justa cuando concurren autoridad legítima, causa justa e intención recta. De esta formulación se desprende un principio decisivo: el derrocamiento de un tirano corresponde primariamente al propio cuerpo político y no a una fuerza externa.
El derecho de resistencia e incluso el tiranicidio, desarrollados posteriormente por Francisco Suárez, se conciben siempre como actos internos de la nación, expresión extrema de su autodefensa, y no como una función delegable en potencias extranjeras.
Ahora bien, la soberanía no es únicamente una categoría jurídica o formal; es también una realidad sociopolítica sustentada en el respaldo efectivo del cuerpo nacional. En el caso venezolano existen pruebas flagrantes de que el régimen mantiene un apoyo social reducido, en torno al 20 %, tal y como quedó de manifiesto en el último procedimiento electoral, ampliamente percibido —dentro y fuera del país— como carente de credibilidad y marcado por un carácter casi grotesco en sus formas y resultados. Desde un punto de vista técnico, el régimen puede considerarse soberano de facto, en tanto ejerce el control del aparato estatal, pero se trata de una soberanía extraordinariamente débil, desconectada de una adhesión popular significativa y sostenida más por inercia, miedo y vaciamiento institucional que por legitimidad real.
Este dato es crucial, porque introduce una fractura entre soberanía formal y soberanía material que la doctrina política católica siempre ha tenido en cuenta, aunque no siempre de manera explícita.
La excepción: agresión previa y legítima defensa internacional
La tradición católica, sin embargo, no absolutiza el principio de no intervención. Autores como Francisco de Vitoria admiten que una comunidad política puede recurrir legítimamente a la fuerza cuando existe una agresión real y objetiva, incluso si esta no adopta la forma de una invasión militar clásica. La exportación sistemática de violencia, drogas, crimen organizado o desestabilización deliberada puede constituir una forma de agresión indirecta que habilite una respuesta defensiva, siempre que sea proporcional y orientada al restablecimiento del orden.
Este fue uno de los argumentos esgrimidos inicialmente por Estados Unidos: no tanto la condición tiránica del régimen venezolano, ampliamente conocida, sino el daño objetivo que dicho régimen estaría causando a terceros Estados desde estructuras estatales o paraestatales. La legitimidad de esta premisa depende, naturalmente, de la veracidad del agravio y de la proporcionalidad de la respuesta.
Selectividad moral e intereses económicos
Este análisis no puede ignorar una cuestión incómoda: la selectividad moral. La doctrina social de la Iglesia ha advertido reiteradamente contra la instrumentalización de los principios éticos al servicio de intereses estratégicos. Venezuela posee enormes reservas petroleras, mientras que otros regímenes igualmente autoritarios no reciben la misma atención ni el mismo nivel de presión internacional. La pregunta es inevitable: ¿se actúa por justicia o por conveniencia?
Pensadores como Jacques Maritain alertaron del peligro de vaciar el lenguaje moral cuando se convierte en mera cobertura de decisiones geopolíticas. Si la causa real de la intervención no es la justicia sino el interés económico o estratégico, la legitimidad moral del acto queda seriamente erosionada.
El principio del autogobierno y la anomalía venezolana
La doctrina católica sostiene que los pueblos deben determinar su propio destino, y este principio es sólido en términos generales. Sin embargo, presupone una realidad concreta: la existencia de un pueblo políticamente vivo. El caso venezolano introduce una anomalía profunda, pues el hecho decisivo no es únicamente la caída del régimen, sino la ausencia total de resistencia.
La captura del jefe del Estado sin enfrentamientos, sin bajas y sin reacción militar significativa obliga a plantear una cuestión radical: ¿puede hablarse plenamente de soberanía cuando no existe disposición alguna a defenderla? La soberanía no es una abstracción jurídica, sino una realidad encarnada en personas dispuestas a sostenerla incluso a costa de su vida.
El monopolio de la fuerza y la disposición al sacrificio
Siguiendo tanto la tradición clásica como la teoría moderna del Estado, la soberanía implica monopolio efectivo de la fuerza. Pero ese monopolio no es meramente técnico; se sostiene sobre una voluntad humana concreta de sacrificio. Las naciones se constituyen históricamente cuando existen miles de personas dispuestas a dar su vida por ellas. Sin esa disposición, el Estado se convierte en una estructura formal vacía.
En Venezuela, este elemento ha estado ausente tanto en el entorno del régimen como en la oposición. Ha habido actos individuales de valor, incluso heroicos, pero no un nervio nacional colectivo capaz de articular una defensa real del orden político o de su transformación.
Comparación histórica: cuando la sangre existe
La diferencia con otros casos recientes resulta elocuente. En Libia o en Irak, más allá del juicio moral que merezcan aquellas intervenciones, existió resistencia armada, combate prolongado y sacrificio humano masivo. Hubo sangre, tragedia y enfrentamiento real. En Venezuela, en cambio, el poder se ha revelado como un decorado sin sustancia, y la oposición como una fuerza incapaz de encarnar un proyecto de sacrificio nacional.
Esta ausencia de conflicto no es un signo de paz, sino un síntoma de vacío político.
Naciones vacías y teología política en el siglo XXI
Aquí emerge una variable nueva que la teología política clásica apenas abordó: la existencia de naciones vaciadas de voluntad histórica. La doctrina tradicional presupone comunidades políticas vivas, con identidad y capacidad de autodefensa. Pero ¿qué ocurre cuando una nación conserva símbolos, himnos y fronteras, pero ha perdido la capacidad real de sostener su propia existencia?
En estos casos, las naciones quedan inevitablemente sometidas a tutelas externas, ya sea por tiranías delincuenciales o por potencias extranjeras. No por conquista violenta, sino por abandono interno.
¿Soberanía entregada?
Cabe incluso plantear una hipótesis incómoda: que la soberanía venezolana no haya sido violada, sino ejercida en su forma terminal, mediante la entrega. El no combatir, el abrir las puertas, el no defender al propio jefe del Estado puede interpretarse como un acto soberano negativo, la soberanía de renunciar a existir como sujeto político. Esta lectura no legitima automáticamente la intervención, pero modifica de manera sustancial el marco del juicio moral.
Conclusión abierta: variables para un juicio prudente
Este texto no ofrece una conclusión cerrada. Expone, deliberadamente, las variables que deben tenerse en cuenta para formular un juicio católico serio: la soberanía real y no meramente formal, la existencia o no de una agresión previa, la proporcionalidad de la intervención, la coherencia moral de los motivos alegados y, sobre todo, la realidad antropológica de la nación afectada.
Reducir esta situación a consignas pacifistas o a reflejos ideológicos constituye una forma de irresponsabilidad intelectual. La tradición católica exige prudencia, realismo y amor a la verdad, incluso cuando esta resulta incómoda. Solo desde ahí puede aspirarse a un juicio justo.