La decisión de la Policía Metropolitana de Londres de obligar a sus agentes a declarar su pertenencia a organizaciones jerárquicas cerradas ha desencadenado una reacción airada de la masonería británica, que ha acudido a los tribunales para intentar frenar la medida. Sin embargo, lejos de tratarse de una persecución ideológica, la iniciativa policial responde a viejas quejas internas, sospechas persistentes y a la necesidad de restaurar la confianza pública.
La norma fue impulsada por el comisario jefe Sir Mark Rowley como parte de un paquete de reformas destinadas a reforzar la imparcialidad del cuerpo tras años de crisis reputacionales, denuncias internas y escándalos que han deteriorado la credibilidad de la institución.
Una medida razonable ante estructuras de lealtad cerrada
La policía londinense sostiene que el problema no son las convicciones personales de los agentes, sino la pertenencia a organizaciones que exigen compromisos internos de apoyo mutuo, lo que puede generar conflictos de lealtad difíciles de conciliar con el servicio público, especialmente en un cuerpo que debe actuar con neutralidad y sin sombra de favoritismos.
De hecho, la propia institución afirma que dos tercios de los agentes consultados respaldan la medida al considerar que este tipo de afiliaciones afectan a la percepción pública de imparcialidad. En ese contexto, la exigencia de declarar la pertenencia se presenta como una acción preventiva y de transparencia, no como una sanción.
Sospechas históricas que justifican el control
Las reticencias de la policía no surgen de la nada. Durante décadas, la presencia de la masonería en determinados ámbitos del Estado británico ha estado rodeada de acusaciones de favoritismo, encubrimientos y protección interna, especialmente en cuerpos como la policía y, según diversas denuncias, también en algunos entornos judiciales.
La policía reconoce que ha manejado durante años información de inteligencia sobre posibles malas prácticas vinculadas a relaciones forjadas en logias, aunque admite que en muchos casos no se ha podido alcanzar el umbral de prueba exigido por los tribunales. Aun así, el patrón de sospecha ha sido recurrente y ha alimentado la exigencia social de controles más estrictos.
Un ejemplo especialmente sensible fue la investigación por el asesinato del investigador privado Daniel Morgan, en la que una comisión oficial detectó una presencia significativa de masones entre agentes relevantes del caso y recomendó reforzar los controles, aunque sin llegar a probar que se hubieran usado canales masónicos para sabotear la investigación.
La masonería se presenta como “religión” para blindarse
Ante la nueva política, la organización masónica ha optado por una estrategia llamativa: alegar que la obligación de declarar la pertenencia constituye “discriminación religiosa”, afirmando que para ser masón es necesario profesar una fe y que, por tanto, quedaría amparada por la protección jurídica asociada a la religión.
Desde una perspectiva católica, este argumento resulta particularmente problemático. La Iglesia ha señalado de forma constante la incompatibilidad entre la fe católica y la pertenencia a organizaciones masónicas, entre otras razones por su sistema de juramentos, su estructura iniciática y la ambigüedad doctrinal que suele caracterizar a la masonería. En este caso, además, la apelación a lo “religioso” aparece como un recurso defensivo ante una exigencia de transparencia en un ámbito tan sensible como el policial.
Transparencia legítima frente a opacidad organizada
En plena crisis de confianza institucional, exigir transparencia a quienes ejercen la autoridad coercitiva del Estado no solo es legítimo, sino necesario. La medida busca evitar que existan lealtades paralelas o redes de influencia discretas dentro de un cuerpo que debe garantizar la igualdad ante la ley y la neutralidad en la aplicación de la justicia.
El tribunal decidirá ahora si concede una suspensión cautelar de la política. Pero el debate ya está servido: cuando una organización con estructura discreta se resiste a la luz, la pregunta no es por qué se la vigila, sino por qué teme ser declarada.