La salida del canciller de la diócesis de Joliet, David Salvato, y la posterior noticia de que habría contraído una unión civil con otro hombre han colocado en el centro de la atención al obispo Ronald A. Hicks —recientemente nombrado en Nueva York—, responsable directo de su nombramiento y del gobierno diocesano durante los hechos.
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Salvato fue designado canciller en abril de 2021 por decisión personal de Hicks, poco después de que este asumiera la sede de Joliet. El cargo de canciller no es menor ni meramente administrativo: se trata de uno de los puestos clave del gobierno diocesano, con acceso directo al obispo y responsabilidad sobre la validez jurídica de los actos eclesiásticos, decretos, dispensas y archivos oficiales.
Un nombramiento de máxima confianza episcopal
El perfil de Salvato —doctor en Derecho Canónico, con experiencia en tribunales eclesiásticos, docencia en seminarios y trabajo en estructuras vaticanas— hacía de él un colaborador de máxima confianza para el obispo. Precisamente por ello, el caso no puede reducirse a un asunto personal, sino que interpela directamente al discernimiento, la supervisión y la responsabilidad pastoral del obispo Hicks.
Según la información recogida por Complict Clergy, Salvato habría dejado su puesto de forma repentina, sin que la diócesis ofreciera explicación alguna a los fieles. Poco después trascendió que habría celebrado una “boda” civil en Naperville (Illinois) con otro hombre. Desde entonces, toda referencia a Salvato ha sido eliminada del sitio web diocesano, sin comunicado oficial ni aclaración pública.
El silencio del obispo y el riesgo de escándalo
Hasta el momento, Hicks no ha hecho declaración alguna sobre el caso. No se ha aclarado si el ex canciller presentó su dimisión, si fue requerido para dejar el cargo, ni si se han adoptado medidas canónicas o pastorales acordes con la doctrina moral de la Iglesia.
La cuestión no es meramente disciplinar, sino profundamente eclesial. Cuando un alto cargo diocesano vive públicamente en contradicción objetiva con la enseñanza de la Iglesia, el obispo tiene el deber no solo de actuar, sino también de explicar, para evitar el escándalo y confirmar a los fieles en la fe.
Un contexto que agrava la responsabilidad
El caso adquiere mayor relevancia ante el inminente nombramiento de mons. Hicks como arzobispo de Nueva York, una de las sedes más influyentes de Estados Unidos. La forma en que ha gestionado esta situación en Joliet será inevitablemente observada como indicativa de su criterio de gobierno, su comprensión del escándalo público y su disposición a ejercer la autoridad episcopal con claridad doctrinal.
La eliminación silenciosa de rastros en la web diocesana, sin explicación pastoral ni enseñanza explícita, transmite la impresión de que los problemas se ocultan en lugar de afrontarse, una práctica que ha causado graves daños a la credibilidad de la Iglesia en las últimas décadas.