Un juzgado mantiene abierta una investigación por presuntos abusos sexuales a menores en el colegio concertado Alborada, situado en Alcalá de Henares (Madrid). El caso afecta a un cuidador del centro, actualmente en libertad provisional, y se encuentra pendiente de juicio, sin resolución firme hasta la fecha.
El centro educativo forma parte de la Red Educativa Arenales y mantiene vínculos históricos con el Opus Dei, tanto por su origen fundacional —a través de la Fundación Tajamar— como por la atención pastoral que sacerdotes de la prelatura prestan a alumnos y familias, dato reconocido por la propia Oficina del Opus Dei en España. No existe, en este momento, ninguna imputación contra la institución eclesial.
Primeras alertas internas en 2024
Según la información publicada por El Plural, parte del profesorado del colegio sostiene que ya en torno a septiembre de 2024 trasladó a la dirección su preocupación por comportamientos considerados “extraños” o “inadecuados” por parte de un cuidador que trabajaba con alumnos de educación infantil, algunos de ellos diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
De acuerdo con testificales y correos internos a los que habría tenido acceso el medio, estas advertencias no habrían derivado entonces en la activación de protocolos internos ni en el apartamiento del trabajador. Durante los meses siguientes, el cuidador continuó desempeñando funciones habituales en el centro, incluyendo tareas de acompañamiento y actividades dentro del horario escolar.
La dirección del colegio, sin embargo, rechaza esta versión. Desde El Alborada se sostiene que no existió constancia previa de hechos concretos y que, hasta la primavera de 2025, no se recibió información suficientemente precisa que justificara una actuación distinta.
Denuncia formal y actuación judicial en 2025
El punto de inflexión se produjo en la primavera de 2025. Según El Plural, una profesora comenzó a observar comportamientos que consideró gravemente inapropiados a partir del 22 de abril, y decidió documentarlos mediante grabaciones. En mayo de 2025, presentó una denuncia formal, lo que dio lugar a la detención del cuidador.
Tras su arresto, el trabajador quedó en libertad provisional, con una orden de alejamiento de 100 metros del colegio y, según algunas fuentes citadas por el medio, de determinados menores. El colegio procedió entonces al despido del trabajador y comunicó los hechos a las autoridades.
Desde El Alborada se afirma que la actuación fue inmediata una vez recibida información concreta y que se siguieron los cauces legales. Esta versión es cuestionada por parte del profesorado y de las familias denunciantes, que sostienen que el centro actuó con retraso.
Denuncias, familias y servicios públicos
La investigación judicial se apoya en denuncias presentadas por familias, docentes y testigos. El Plural habla de decenas de denuncias y de alrededor de una veintena de posibles víctimas, todas ellas menores de corta edad. Estas cifras, no obstante, no han sido confirmadas oficialmente por la autoridad judicial.
Algunas familias acudieron al servicio Barnahus de la Comunidad de Madrid, especializado en la atención a menores víctimas de violencia sexual. Según los testimonios recogidos por el medio, la atención habría sido parcial en algunos casos. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha señalado que no recibió denuncias formales y que las competencias corresponden a la administración autonómica, mientras que las consejerías consultadas no ofrecieron respuesta en el momento de publicarse la información.
Dimensión política y respuesta institucional
El caso alcanzó también el ámbito parlamentario. El grupo Más Madrid registró una pregunta en la Asamblea de Madrid para conocer cuántas solicitudes de traslado de matrícula se habían producido tras conocerse los hechos. La Mesa de la Asamblea acordó no admitir la pregunta, al considerar que se refería a un centro privado y no era competencia directa de la Comunidad.
Paralelamente, el colegio solicitó personarse en la causa judicial como perjudicado, alegando el daño causado a su imagen y a la comunidad educativa. La defensa del cuidador, por su parte, sostiene que el centro podría tener responsabilidad civil subsidiaria, una cuestión que deberá dilucidarse en sede judicial.
Comunicado del colegio y situación actual
Tras la publicación de las informaciones, El Alborada difundió un comunicado interno en el que reiteró su inocencia, negó cualquier conocimiento previo de los hechos y lamentó que el caso se reactivara mediáticamente en fechas navideñas, sin novedades judiciales. El centro asegura que colaborará con la Justicia hasta el esclarecimiento definitivo de lo ocurrido.
A día de hoy, el procedimiento sigue abierto, no hay sentencia y las versiones sobre el conocimiento previo de los hechos y la actuación del colegio continúan enfrentadas, a la espera de que sea la Justicia la que determine responsabilidades.