El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, ha vuelto a situarse en el centro del debate eclesial y mediático tras su intervención en Herrera en COPE. Lo ha hecho, una vez más, a propósito del Valle de los Caídos —rebautizado oficialmente como Valle de Cuelgamuros— y del proceso de “resignificación” impulsado por el Gobierno. Pero esta vez, además, señalando a supuestos “pseudomedios” católicos a los que acusa de distorsionar la realidad, ideologizar el debate e incluso calumniar.
Conviene decirlo sin rodeos: cuando la jerarquía habla tarde, mal o de forma ambigua, no puede sorprenderse de que otros llenen el vacío.
En su intervención radiofónica, el cardenal Cobo ofrece una reconstrucción por fases del proceso de resignificación: iniciativa gubernamental, negociación inicial, concurso público, aprobación del proyecto y, finalmente, un protagonismo creciente de los monjes y de la Santa Sede. Según su relato, la Iglesia no ha impulsado el proceso, sino que se ha limitado a “marcar un marco” para proteger el culto, la basílica, la presencia benedictina y los signos religiosos.
El problema no es tanto lo que ahora se dice, sino cuándo se dice. Durante meses —y años—, la Conferencia Episcopal Española y los responsables diocesanos optaron por comunicados técnicos, silencios prolongados y mensajes deliberadamente desdramatizados, mientras el Gobierno avanzaba sin complejos en un proyecto de fuerte carga ideológica. El resultado es previsible: desconfianza entre los fieles y sensación de opacidad.
El cardenal no se limita a defender su papel. Va más allá y acusa a determinados medios —a los que denomina “pseudomedios”— de actuar como “mercenarios de otros intereses”, vivir “de lo católico sin ser católicos” y utilizar a obispos e incluso al Papa como blanco permanente.
Señalar a los mensajeros permite evitar una autocrítica seria sobre la estrategia comunicativa de la Iglesia en España. Porque el malestar no nace de titulares malintencionados, sino de la percepción —extendida entre muchos fieles— de que se ha negociado demasiado y explicado demasiado poco. Y cuando finalmente se habla, se hace para asegurar que “todo queda salvado”, sin asumir responsabilidades concretas ni errores de cálculo pastoral.
El patrón se repite. El Gobierno impulsa. La Iglesia “acompaña”. La Conferencia Episcopal media. El arzobispo interlocuta. Los monjes y Roma “tendrán la última palabra”. Y cuando estalla la polémica, nadie es responsable directo. Todos han dado un paso atrás en el momento oportuno.
Mientras tanto, el Valle —símbolo religioso, histórico y espiritual para miles de católicos— queda sometido a una «resignificación» diseñada desde parámetros ajenos a la fe, aunque envuelta ahora en garantías que llegan tarde y mal explicadas.