La situación que atraviesa la Domus Internationalis Paulus VI, ubicada en la Via della Scrofa de Roma, ha reabierto un debate de fondo que la Santa Sede viene afrontando desde hace años: cómo gestionar un amplio patrimonio histórico e inmobiliario en un contexto marcado por el déficit presupuestario, el endeudamiento y una estructura de gestión que no siempre ha sido eficiente. Fundada en 1976 por san Pablo VI como residencia para sacerdotes, obispos y laicos al servicio de la Iglesia universal, la Domus ha cumplido durante décadas una función institucional concreta, acogiendo a eclesiásticos procedentes de distintos países, entre ellos Jorge Bergoglio en su etapa previa al pontificado.
Edificios valiosos, costes elevados
El Vaticano es propietario de numerosos inmuebles de gran valor histórico, muchos situados en zonas especialmente cotizadas de Roma. Sin embargo, se trata de edificios antiguos, sometidos a exigencias técnicas y normativas estrictas, que requieren inversiones muy elevadas para su conservación y puesta al día. En un escenario de recursos limitados, descenso de determinadas fuentes de ingresos y aumento de los gastos estructurales, mantener directamente todo este patrimonio supone una carga difícil de sostener a largo plazo.
La opción del alquiler a largo plazo
En este contexto se inscribe la decisión comunicada a los residentes de la Domus Paulus VI, a quienes se les ha informado de la necesidad de abandonar el edificio para permitir una reestructuración integral considerada demasiado costosa para las arcas vaticanas. La alternativa planteada pasa por el alquiler del inmueble a largo plazo a un operador privado, que asumiría la inversión necesaria para su rehabilitación y garantizaría a la Santa Sede un ingreso anual estable. Desde un punto de vista económico, la medida busca reducir gastos extraordinarios y asegurar una fuente de financiación regular.
La dimensión institucional
Más allá del aspecto financiero, la decisión tiene una dimensión institucional y pastoral. Los residentes de la Domus dirigieron una carta al papa León XIV, en la que expresaron su preocupación por el futuro de la residencia y recordaron que su finalidad como casa sacerdotal había sido reafirmada en 2022 por el papa Francisco. La respuesta pontificia, que confirmó la necesidad de la mudanza, subrayó precisamente las limitaciones económicas existentes y la dificultad de afrontar determinadas inversiones sin comprometer otras prioridades.