En las últimas semanas, las instituciones de la Unión Europea han dado nuevos pasos en una misma dirección ideológica: el impulso del aborto como política pública y la progresiva exclusión de las organizaciones que defienden la vida y la familia desde una perspectiva cristiana. Los hechos configuran un patrón que merece ser examinado con atención.
El Parlamento Europeo respalda la iniciativa abortista «My Voice, My Choice»
El pasado 17 de diciembre de 2025, el Parlamento Europeo aprobó una resolución de apoyo a la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) My Voice, My Choice, que promueve el acceso al aborto “seguro y gratuito” en toda la Unión. La votación se saldó con 358 votos a favor, 202 en contra y 79 abstenciones, en una resolución de carácter no vinculante pero de claro peso político, según informaron medios europeos y el propio Parlamento.
La iniciativa, que superó el umbral del millón de firmas exigido por la normativa comunitaria, propone la creación de un mecanismo financiero europeo de “solidaridad” que permita a mujeres de países con legislación restrictiva abortar en otros Estados miembros con apoyo económico público. Aunque la UE carece formalmente de competencias para legislar directamente sobre el aborto, el Parlamento insta así a la Comisión Europea a avanzar en esa dirección.
La Comisión tiene ahora hasta marzo de 2026 para responder oficialmente a la ICE, en un contexto de fuerte presión política y mediática.
La otra cara: retirada de fondos a la principal federación católica familiar
Casi en paralelo, la Federación de Asociaciones Familiares Católicas en Europa (FAFCE) ha visto cómo la Comisión Europea rechazaba todos los proyectos que había presentado a distintos programas comunitarios, dejándola sin financiación institucional. La información que fue publicada por La Nuova Bussola Quotidiana, identifica este episodio como un punto de inflexión preocupante.
FAFCE, que agrupa a asociaciones familiares católicas de más de veinte países y mantiene un estatus consultivo ante las instituciones europeas, recibió como justificación evaluaciones vagas relacionadas con supuestas carencias en materia de “igualdad de género” o “no discriminación”, sin que se aportaran objeciones técnicas concretas ni se cuestionara la legalidad de sus propuestas.
Su presidente, Vincenzo Bassi, denunció que la federación se enfrenta ahora a una crisis financiera grave, con riesgo real de recortes de personal y actividades, lo que limitará su capacidad de participar en el debate público europeo.
Un doble rasero cada vez más evidente
Mientras el Parlamento Europeo avala mecanismos para facilitar y financiar el aborto, las estructuras comunitarias cierran el acceso a fondos públicos a asociaciones católicas que sostienen una visión antropológica coherente con la doctrina cristiana y con las raíces culturales de Europa.
No se trata solo de una cuestión presupuestaria. Está en juego el principio de pluralidad y el respeto al principio de subsidiariedad, recogido tanto en los tratados europeos como en la Doctrina Social de la Iglesia. Materias tan sensibles como la vida humana, la familia o la moral pública están siendo progresivamente desplazadas del ámbito de la soberanía nacional y del debate ético, para convertirse en dogmas ideológicos promovidos desde instancias supranacionales.