La Comisión Europea ha decidido no conceder financiación a la Federación de Asociaciones Familiares Católicas en Europa (FAFCE), mientras el Parlamento Europeo avanza en resoluciones que buscan facilitar y financiar el aborto en el ámbito comunitario. La decisión ha provocado la reacción de varios eurodiputados, que han anunciado iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones a Bruselas.
La FAFCE, fundada en 1997 y formada por 33 asociaciones de 20 Estados miembros, tiene como objetivo la promoción y defensa de la familia basada en el matrimonio entre hombre y mujer. A finales de noviembre se conoció que la Comisión había rechazado todas las propuestas de financiación presentadas por la federación, pese a que algunas de ellas se centraban en ámbitos que la propia Unión Europea declara prioritarios, como la protección de menores frente a la pornografía, el bienestar digital o la lucha contra la soledad juvenil.
Según la documentación remitida por la Comisión, el rechazo se basó en supuestas carencias relacionadas con el enfoque de género y con los criterios de igualdad promovidos por la Unión. El presidente de la FAFCE, Vincenzo Bassi, denunció públicamente que se trata de una “discriminación ideológica” contra una organización que defiende la familia natural, recordando que la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE reconoce expresamente la protección de la familia en el plano económico, jurídico y social.
La federación ha advertido que, sin una financiación aproximada de 150.000 euros —ya sea a través de fondos europeos o donaciones privadas—, no podrá mantener los proyectos en curso y se verá obligada a reducir personal y presencia en los foros de debate a nivel europeo.
Avance de las iniciativas proaborto
De forma paralela, el Parlamento Europeo aprobó esta semana una resolución, no vinculante, que insta a la creación de mecanismos financieros para facilitar el acceso al aborto a mujeres que se desplacen a otros países de la Unión para abortar. La resolución, vinculada a la iniciativa My Voice, My Choice, fue aprobada con 358 votos a favor, 202 en contra y 79 abstenciones.
La propuesta plantea que los costes de estos abortos transfronterizos puedan ser asumidos mediante fondos públicos, lo que ha suscitado críticas desde sectores provida y desde algunas conferencias episcopales. La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) expresó su preocupación en un comunicado publicado poco antes de la votación.
Interrogaciones a la Comisión Europea
Ante esta situación, eurodiputados del grupo de los Patriotas han presentado interrogaciones parlamentarias cuestionando los criterios utilizados por la Comisión para excluir a organizaciones profamilia como la FAFCE, mientras se promueven iniciativas favorables al aborto. Entre ellos figuran la vicepresidenta del grupo, la eurodiputada húngara Kinga Gál, y el eurodiputado español Paolo Borchia.
Los parlamentarios han preguntado a la Comisión cómo pretende afrontar el declive demográfico europeo si margina a entidades que trabajan en favor de la familia, al tiempo que se destinan recursos a políticas que facilitan el aborto.
La controversia vuelve a poner de manifiesto la creciente tensión entre las instituciones europeas y las organizaciones que defienden la vida y la familia desde una perspectiva cristiana, en un contexto en el que Bruselas es acusada de aplicar criterios ideológicos que limitan el pluralismo reconocido en los propios tratados de la Unión.
Fuente: La Nouva Bussola Quotidiana