El pontificado de León XIV hereda un nuevo frente judicial en Europa. El Instituto para las Obras de Religión (IOR) ha sido denunciado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la retirada de la pensión a dos exdirectivos del banco vaticano, una decisión que, según los demandantes, vulnera un derecho fundamental reconocido por la Convención Europea de Derechos Humanos.
La información ha sido publicada por el diario italiano Il Messaggero, que ha tenido acceso a la documentación judicial.
Los demandantes y el origen del conflicto
Quienes han recurrido a Estrasburgo son Paolo Cipriani y Massimo Tulli, exgerentes del IOR, condenados en su día por el tribunal vaticano por mala gestión. A pesar de la condena, ambos tenían derecho —según la normativa interna del fondo de pensiones del Vaticano— a percibir su jubilación, aunque reducida en un tercio, como sucede en la mayoría de los ordenamientos jurídicos europeos.
Sin embargo, el IOR suspendió de forma abrupta el pago de sus pensiones, lo que llevó a Cipriani y Tulli a iniciar un largo recorrido judicial dentro del propio sistema vaticano.
Dos sentencias favorables… y un giro final
En primera y segunda instancia, los tribunales del Vaticano dieron la razón a los exempleados, reconociendo que la pensión constituía un derecho adquirido y ordenando al IOR restablecer su pago —con la reducción correspondiente— así como asumir las costas procesales.
Estas sentencias asumían un principio ampliamente reconocido en el derecho italiano y europeo: la inalienabilidad de la pensión, salvo en los límites expresamente previstos por la ley.
No obstante, el IOR recurrió de forma sistemática todas las resoluciones hasta llegar a la Casación vaticana. En abril de 2025, un colegio de jueces compuesto mayoritariamente por cardenales, presidido por el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, revirtió por completo las sentencias anteriores, dando la razón al banco vaticano.
Una sentencia controvertida
Según el fallo firmado por Zuppi —al que Il Messaggero tuvo acceso—, la pensión del trabajador no necesariamente debe considerarse un derecho adquirido, una afirmación que supone una ruptura con la tradición jurídica europea.
La sentencia introduce además una nueva categoría, al redefinir la pensión reducida como una “compensación impropia”, y no como un derecho consolidado del trabajador. Esta interpretación ha generado fuertes críticas, al producirse en un sistema jurídico donde no existe una separación clara de poderes y donde el Papa es, en última instancia, juez supremo.
El fallo fue emitido el 10 de abril de 2025, apenas once días antes de la muerte del papa Francisco.
El recurso ante Estrasburgo
Ante la imposibilidad de seguir recurriendo dentro del ordenamiento vaticano, Cipriani y Tulli acudieron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, denunciando que el IOR habría violado el artículo 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, relativo a la protección de la propiedad.
Los recurrentes sostienen que el banco del Vaticano también habría infringido el artículo 28 del reglamento interno del fondo de pensiones vaticano, que establece que las pensiones no pueden ser cedidas, embargadas ni confiscadas, salvo para cubrir deudas con la propia administración y siempre dentro del límite de un tercio del importe.
Un caso con antecedentes polémicos
El proceso penal que llevó a la condena vaticana de Cipriani y Tulli ha sido desde el inicio complejo y controvertido. Ambos exdirectivos fueron también juzgados por la justicia italiana en relación con presuntos movimientos ilícitos de 23 millones de euros incautados en 2010.
En ese procedimiento, el Tribunal de Roma los absolvió en apelación con la fórmula “porque el hecho no existe”, una absolución que contrastó fuertemente con el desenlace del proceso vaticano y alimentó las críticas sobre la coherencia y transparencia del sistema judicial del Vaticano.
Un nuevo frente para el Vaticano
La denuncia ante el TEDH abre ahora un escenario delicado para el Vaticano y para el pontificado de León XIV, que hereda un caso con posibles consecuencias internacionales. Si Estrasburgo admitiera el recurso y fallara contra el IOR, el caso podría sentar un precedente significativo sobre la compatibilidad del ordenamiento jurídico vaticano con los estándares europeos de derechos fundamentales.