Las autoridades educativas francesas han intensificado en los últimos meses los controles sobre los centros privados concertados, en su mayoría católicos, en un contexto marcado por el escándalo de abusos en el internado de Notre-Dame de Bétharram. Sin embargo, esta ofensiva inspectora ha generado una creciente polémica por los métodos empleados y por lo que diversos responsables del sector califican como extralimitaciones ideológicas por parte de la administración.
El secretario general de la Enseñanza Católica en Francia, Guillaume Prévost, ha denunciado públicamente que numerosas inspecciones académicas han derivado en abusos de autoridad, prácticas intimidatorias y vulneraciones del marco legal que regula la enseñanza privada concertada. Prévost expuso estas preocupaciones ante la Comisión de Asuntos Culturales y de Educación de la Asamblea Nacional, reclamando incluso la creación de una misión parlamentaria que investigue estas actuaciones, según recoge Le Parisien.
Controles reforzados tras el caso Bétharram
El endurecimiento de los controles fue anunciado por el Gobierno francés tras salir a la luz los graves abusos cometidos durante décadas en el internado católico de Bétharram, un caso que conmocionó a la opinión pública y puso en entredicho los mecanismos de supervisión del Estado. La primera ministra Élisabeth Borne anunció entonces un plan para inspeccionar el 40 % de los 7.500 centros privados concertados en un plazo de dos años, una medida confirmada posteriormente por el Ministerio de Educación.
El ministro de Educación, Édouard Geffray, señaló que a finales de 2025 se habrían realizado ya cerca de 1.000 inspecciones, justificando esta política como una forma de garantizar la protección de los alumnos y el correcto uso de los fondos públicos. No obstante, recordó que estos centros, aunque sujetos al currículo oficial y a los principios de laicidad del Estado, conservan legalmente un “carácter propio”, tal como establece la ley Debré.
Denuncias de interrogatorios ilegales y presiones ideológicas
Según ha denunciado Prévost, y como recoge el portal oficial Enseignement-Catholique, varias inspecciones habrían sobrepasado claramente ese marco legal. Entre los hechos documentados figuran interrogatorios a alumnos menores sin presencia de adultos, preguntas directas sobre la religión de las familias —algo expresamente prohibido— y registros de mochilas y material escolar.
En otros casos, inspectores habrían exigido la retirada de símbolos religiosos, cuestionado actividades pastorales voluntarias o sometido a los docentes a interrogatorios reiterados sobre prácticas religiosas permitidas por la ley. Un informe interno de la Enseñanza Católica, citado por Famille Chrétienne, habla de “métodos abusivos, arbitrarios y generadores de ansiedad” y de una “sospecha sistemática hacia la identidad cristiana de los establecimientos”.
“Bajo la cobertura de la protección infantil, se está defendiendo en realidad una visión ideológica de la escuela que pone en entredicho la libertad de enseñanza”, afirmó Prévost, en declaraciones recogidas por Aleteia. El responsable católico advirtió de un desgaste creciente del personal directivo, señalando que un número significativo de directores estaría considerando abandonar sus cargos ante la presión administrativa.
Reacción del Ministerio y división sindical
Tras la comparecencia de Prévost y la difusión del informe, el Ministerio de Educación reconoció públicamente la existencia de posibles “desviaciones” y anunció el envío de instrucciones firmes a los rectores para recordar los límites legales de las inspecciones. En un comunicado citado por Le Parisien, el ministerio subrayó que “queda totalmente excluido” cualquier interrogatorio destinado a conocer la confesión religiosa de los alumnos.
No obstante, la reacción sindical ha sido desigual. Mientras organizaciones vinculadas a la enseñanza católica, como el Synep-CGC, respaldan las denuncias y reclaman controles justos y proporcionados, sindicatos laicos como SE-Unsa acusan a la Enseñanza Católica de exagerar la situación y de intentar desacreditar un proceso necesario de supervisión, según informó La Croix.
Un nuevo choque entre laicidad y libertad educativa
El conflicto muestra un debate de fondo entre la laicidad del Estado y la libertad de educación de las instituciones con ideario propio en la sociedad francesa. La jerarquía católica respalda la postura de Prévost y defiende que cumplir la ley no implica renunciar a la identidad cristiana que define su proyecto educativo.
“Celebramos la transparencia y los controles legítimos, pero no aceptaremos que se borre nuestra identidad ni que se humille a nuestros docentes”, afirmó Prévost a Famille Chrétienne. La Enseñanza Católica insiste en que la inmensa mayoría de sus centros cumple escrupulosamente la normativa y que no puede justificarse una estigmatización generalizada del sector.
A la espera de que las instrucciones del Ministerio se traduzcan en cambios reales sobre el terreno, el episodio confirma una creciente tendencia del uso del control administrativo como herramienta de presión ideológica, con el riesgo de vaciar de contenido la libertad educativa que la propia legislación francesa dice proteger.