La reciente retención del cardenal Baltazar Porras por parte de las autoridades venezolanas ha reabierto un debate de fondo sobre la política diplomática de la Santa Sede frente al régimen de Nicolás Maduro. El incidente, ocurrido pocos días después de que el Papa León XIV se pronunciara contra una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, ha expuesto con especial nitidez la tensión permanente entre dos objetivos vaticanos: defender la dignidad humana y los derechos fundamentales sin poner en riesgo la presencia y la acción pastoral de la Iglesia en el país.
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Un análisis publicado por The Pillar sitúa el episodio como una prueba concreta del delicado equilibrio que el Vaticano ha tratado de mantener durante años en Venezuela, apostando por la prudencia, la mediación y la diplomacia discreta, aun a costa de evitar pronunciamientos públicos contundentes contra un régimen acusado de graves abusos.
Un incidente diplomáticamente significativo
El 10 de diciembre, el cardenal Porras, arzobispo emérito de Caracas y portador de pasaporte vaticano, fue impedido de abandonar el país en el aeropuerto internacional Simón Bolívar. Durante más de dos horas, el cardenal fue retenido, sometido a controles de seguridad y amenazado con arresto. Finalmente, las autoridades anularon su pasaporte venezolano, dejándolo en una situación de hecho que vulnera las normas habituales del trato diplomático. El hecho resulta especialmente relevante porque se trata de un prelado con documentación de la Santa Sede, lo que en condiciones normales habría provocado una protesta formal inmediata. Hasta ahora, sin embargo, no se ha producido una reacción pública del Vaticano.
Las palabras del Papa y su contexto
El incidente se produjo apenas ocho días después de que el Papa León XIV, en una rueda de prensa el 2 de diciembre tras regresar de Turquía y Líbano, fuera preguntado por una posible acción militar estadounidense contra Venezuela. El Pontífice afirmó entonces que era preferible buscar vías de diálogo y, en todo caso, ejercer presiones no militares, incluidas las económicas, para favorecer un cambio de situación.
En otras intervenciones recientes, el Papa ha insistido en que la violencia no resuelve los conflictos y que, en contextos de tensión política, quienes más sufren son los pueblos y no los gobernantes. Estas afirmaciones, coherentes con la tradición diplomática vaticana, han sido interpretadas por algunos observadores —especialmente en América Latina— como insuficientes para reflejar la gravedad de la crisis humanitaria y de los abusos atribuidos al régimen venezolano.
Continuidad con la línea del pontificado anterior
El enfoque prudente de León XIV recuerda, en gran medida, la política seguida por su predecesor respecto a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Durante el pontificado de Francisco, la Santa Sede optó sistemáticamente por evitar confrontaciones públicas directas, priorizando la protección del clero local y la posibilidad de actuar como mediadora.
Esa estrategia permitió a la Iglesia mantener un margen de acción pastoral y social en contextos muy restrictivos, pero también generó frustración entre muchos fieles, que esperaban una denuncia más clara de las violaciones de derechos humanos. En el caso venezolano, la recepción de Nicolás Maduro en el Vaticano en 2016 y la negativa a recibir a representantes de la oposición reforzaron esa percepción de ambigüedad.
Gestos que apuntaban a un posible cambio
El inicio del pontificado de León XIV había despertado expectativas de un ajuste en este enfoque, dada su amplia experiencia pastoral en América Latina. Algunos gestos recientes parecían confirmar esa posibilidad, como las audiencias concedidas a obispos nicaragüenses en el exilio y al obispo Rolando Álvarez, encarcelado por el régimen de Managua, así como la homilía del cardenal Pietro Parolin en octubre, en la que lanzó una crítica inusualmente dura al régimen venezolano durante una celebración litúrgica.
Sin embargo, el silencio tras el incidente del cardenal Porras y las recientes declaraciones prudentes del Papa han vuelto a plantear dudas sobre si se producirá un cambio sustancial o si prevalecerá una línea continuista.
Un equilibrio cada vez más difícil
El desafío para la Santa Sede es particularmente complejo en Venezuela. Una condena frontal podría desencadenar represalias directas contra el clero y las instituciones eclesiales, mientras que una actitud excesivamente cauta corre el riesgo de ser percibida como equidistancia moral, diluyendo la responsabilidad del régimen.
La dificultad se agrava porque la Iglesia sigue siendo una de las pocas instituciones con legitimidad social transversal en Venezuela, lo que la convierte en un actor potencialmente clave en cualquier proceso de negociación futura. Informaciones recientes apuntan incluso a la posibilidad de una salida pactada de Nicolás Maduro bajo garantías de amnistía, escenario en el que la mediación eclesial podría resultar decisiva.