El diario El País publicó este 11 de diciembre un reportaje sobre los abusos sexuales cometidos por un sacerdote del Opus Dei, Jacinto Lázaro Laguardia, asegurando que la prelatura, conociendo el caso, lo habría trasladado de destino durante 25 años sin denunciar los hechos a las autoridades civiles. La noticia incluye el testimonio explícito de un denunciante, Pablo Merino, que afirma haber sufrido abusos entre 1994 y 1996, cuando era menor de edad, así como referencias a otro caso en San Sebastián en los años ochenta y a una denuncia posterior de una mujer adulta.
Tras la publicación, la prelatura difundió un comunicado en el que expresó su “profundo pesar” por el sufrimiento causado y pidió perdón a las personas afectadas. Además, ofreció varias precisiones sobre la información aparecida en la prensa.
Según el comunicado, el Opus Dei afirma que la única acusación conocida por la prelatura en aquel periodo fue la de 1998, relativa al caso ocurrido en Pamplona. A partir de esa denuncia interna —cuando la presunta víctima todavía era menor—, la institución señala que se siguió un procedimiento conforme a las normas canónicas vigentes en ese momento. En enero de 1999 se habría prohibido al sacerdote ejercer actividades ministeriales con jóvenes y se habría dispuesto su traslado de ciudad. El comunicado sostiene igualmente que la familia del menor pidió mantener el caso en reserva y que la prelatura actuó conforme a esa petición.
En relación con el caso de San Sebastián —referido por un antiguo alumno del colegio Erain y publicado por El País en mayo de 2024— la prelatura afirma que tuvo conocimiento de esa acusación sólo a partir de dicha noticia. A continuación se habría iniciado una investigación entre junio y noviembre de 2024, que concluyó que la acusación era verosímil, pero que las autoridades de la época no habían recibido información sobre los hechos. La institución apunta que, según las declaraciones recabadas, en aquel momento el sacerdote no dejó sus encargos ni fue trasladado por causa de esta acusación, porque no se tuvo constancia de ella. La persona denunciante, añade el comunicado, ha preferido por ahora no entregar testimonio formal para la apertura de un proceso canónico.
La prelatura confirma también que el sacerdote se encuentra sancionado por un caso referido a una mujer adulta. En este sentido, señala que se le ha prohibido ejercer el ministerio sacerdotal salvo en su domicilio.
Respecto a la denuncia presentada por Pablo Merino ante el juzgado de Pamplona el 25 de noviembre y mencionada por El País, el comunicado no entra en detalles sobre el contenido de esa denuncia judicial, pero indica que algunas informaciones publicadas han sido “nuevas” para la prelatura y que serán estudiadas para determinar cómo proceder.
El Opus Dei afirma haber mantenido informados a los dicasterios competentes de la Santa Sede sobre las investigaciones y actuaciones realizadas. Además, niega haber llevado a cabo encubrimiento, en contraste con lo sostenido en la información del diario.
Por último, la prelatura recuerda que cuenta con una oficina de protección de menores accesible para cualquier persona que desee comunicar información sobre posibles casos y con protocolos de prevención orientados a crear “entornos seguros”.