Según los datos publicados el 10 de diciembre de 2025, el número total de declaraciones a favor de la Iglesia católica ha sido de 7.946.347, lo que supone un incremento de 106.363 declaraciones respecto a 2023. La Conferencia Episcopal Española (CEE) confirma además que se han mantenido las 208.841 nuevas declaraciones del año anterior y que se han obtenido nuevos declarantes este año.
El importe asignado asciende a 429.335.080 euros, con un aumento de 46.897.081 euros respecto al ejercicio previo, lo que representa un crecimiento del 12 %. Esta subida consolida la tendencia positiva de los últimos años y confirma que, en términos absolutos, la respuesta ciudadana al modelo de financiación eclesial sigue siendo sólida.
Sin embargo, el porcentaje de asignantes desciende en 0,34 %. La causa, según la propia CEE, es el aumento de declaraciones que no marcan ninguna casilla, que este año crecen un 1,09 % y alcanzan ya casi el 40 % del total. Paralelamente, la casilla de fines sociales registra un descenso del 1,04 %.
Sumando declaraciones individuales y conjuntas, son más de 9 millones los españoles que han marcado la X en favor de la Iglesia católica.
Migración, pluralidad religiosa y evolución sociológica
La ligera caída porcentual no refleja una pérdida sustancial de apoyo, sino un fenómeno asociado a la transformación demográfica de España. El notable aumento de población en los últimos años —especialmente por vía migratoria— incorpora a cientos de miles de nuevos contribuyentes que pertenecen a confesiones distintas: cristianos no católicos, evangélicos de tradición luterana, musulmanes o ciudadanos sin adscripción religiosa. La mayoría de ellos no marca la casilla de la Iglesia, lo que diluye el porcentaje sin reducir la base de apoyo católico.
Este contexto refleja el efecto de una migración en España que es ajena a sus principios católicos. Donde el catolicismo mantiene presencia pero ya no es proporcionalmente dominante como hace décadas.
¿Dependencia política o respaldo ciudadano?
El sistema de asignación tributaria abre el debate sobre la relación entre la Iglesia y el Estado. Una Iglesia dependiente de gobiernos abortistas, eugenésicos, homosexualistas y antifamilia sometida a través de la financiación es una Iglesia donde no falta en la caja, pero donde la libertad de comunicar su mensaje con contundencia está condicionada. La actitud de la CEE ante la destrucción del Valle de los Caídos —marcada por silencios, prudencias excesivas y acuerdos no transparentados—es un ejemplo del margen de maniobra reducido que acompaña a esta dependencia estructural.
En un país que cambia rápido, la continuidad del respaldo ciudadano al modelo de financiación eclesial es un dato relevante. Habla de un compromiso social que persiste incluso en un contexto cultural cada vez más secularizado pero que sacrifica también la libertad de acción de una Iglesia que está cada vez más condicionada por un Estado laicista.