La difusión por parte de Infovaticana de un audio en el que Jordi Bertomeu revela prácticas impropias en el procedimiento canónico del Sodalicio ha tenido un efecto inmediato: nerviosismo, acusaciones infundadas y una campaña para presentar cualquier crítica como parte de una conspiración internacional.
En realidad, lo que ha ocurrido es más simple: se ha puesto de manifiesto que uno de los casos canónicos y mercantiles más relevantes de los últimos años está siendo gestionado con improvisación, temor al escrutinio público y un enfoque jurídico muy deficiente.
Conviene, por tanto, bajar el volumen del ruido e intentar elevar el nivel del análisis del caso Sodalicio, donde la estrategia jurídico-mediática del liquidador Bertomeu, como oficial vaticano, viene generando una confusión difícil de seguir.
1. El desprecio incomprensible hacia las víctimas del caso “Lute”
Uno de los comportamientos más desconcertantes de Paola Ugaz, Pedro Salinas y quienes orbitan alrededor de su narrativa —incluido Jordi Bertomeu— es enturbiar el caso Sodalicio con la insistencia en desacreditar, minimizar o presentar como manipuladas a las víctimas del sacerdote diocesano de Chiclayo conocido como “Lute” a las que nadie ha llamado a este caso y que resultan absurdamente involucradas en algo que les es totalmente ajeno. Ojo, hay que tener mucho más respeto y cuidado con las víctimas de abusos y estos protavoces se deberían replantear muy seriamente cómo están tratando el caso Lute, porque entran en un hostigamiento que puede acarrear consecuencias penales.
No estamos ante una cuestión accesoria ni ante un conflicto interpretativo: hablamos de menores de nueve años trasladados a una estancia en la sierra, aisladas y sometidas a abusos que incluyeron desnudez y contacto genital sexual. Existen indicios sólidos de que podría haber más víctimas que no han sido investigadas porque las pesquisas eclesiásticas se cerraron con una rapidez y unos métodos incriminatorios.
La pregunta es inevitable: ¿qué necesidad tienen estos comunicadores de entrar en una batalla contra víctimas que solo piden transparencia en su caso?
Los defensores de la causa del Sodalicio —que sí contiene elementos de clara responsabilidad moral y patrimonial— deberían comprender que nada desacredita más una reivindicación legítima que despreciar a otras víctimas más vulnerables que no forman parte de su agenda narrativa.
El testimonio de Ana María Quispe, sereno, coherente y sin rastro de alineación ideológica, es un ejemplo evidente. Atacarla no solo es injusto: es torpe. Destruye credibilidad. Y deja en evidencia una obsesión por controlar la narrativa incluso al precio de pasar por encima de quienes han sufrido abusos atroces.
Es difícil identificar un error moral y estratégico más grave que este.
2. Un caso mercantil que requería juristas expertos, no activismo mediático
El núcleo del caso mercantil del Sodalicio señala posibles estructuras jurídicas simuladas, órganos de gobierno presentados como autónomos que en realidad respondían a la estructura sodálite y movimientos patrimoniales que podrían constituir un alzamiento de bienes a través de asociaciones pantalla.
Esto, para cualquier jurista mínimamente formado, es un campo donde intervienen el levantamiento del velo societario, la identificación de administradores de hecho, el análisis de simulación contractual y el rastreo de decisiones reales más allá de las formas documentales.
Sin embargo, lejos de abrir un debate jurídico serio, se ha optado por una estrategia basada en simplificaciones infantiles, descalificaciones y un matonismo mediático que nos habla de supuestas conspiraciones que no son tal.
La chabacanería de algunas declaraciones públicas, unida a la incapacidad para presentar un marco legal coherente, revela un problema de base: los principales portavoces del caso Sodalicio no entienden los mecanismos jurídicos necesarios para desarticular estructuras patrimoniales complejas.
Se insiste en que el Sodalicio habría operado con empresas pantalla. Se debería estar hablando de informes periciales, de estudios de vinculación societaria, de análisis de flujos económicos. ¿Dónde está la argumentación canónica coordinada con la civil para determinar la relación entre personas jurídicas eclesiásticas y sus extensiones mercantiles?
No existe. Y no existe porque quienes lideran públicamente la causa son periodistas y un funcionario eclesial que, por formación y experiencia, no están preparados para una investigación patrimonial internacional.
La consecuencia es clara: el caso se diluye en ruido, ataques personales y narrativas conspirativas, mientras quienes diseñaron las estructuras jurídicas paralelas y simuladas siguen sin ser confrontados con un expediente sólido.
La justicia no avanza a golpe de titulares ni de artículos de opinión, sino con trabajo técnico, documentos, pericias y Derecho aplicado con rigor.
3. El problema Bertomeu: un gestor jurídico y comunicacional de bajo nivel
El audio revelado por Infovaticana ha puesto en evidencia algo que muchos en el ámbito canónico intuían: Jordi Bertomeu carece de la solidez profesional necesaria para gestionar un caso de esta envergadura.
Su aproximación a la liquidación del Sodalicio es superficial, fragmentaria y marcada por una comprensión limitada del funcionamiento de estructuras societarias complejas.
El enfoque que aplica es más propio de una instrucción ligera de delitos morales que de una investigación patrimonial internacional.
La ausencia de un modelo integral de actuación, de un equipo de juristas de alto nivel y de una estrategia probatoria demuestra que el caso, en manos de Bertomeu, está condenado a la mediocridad y al barro, sin que parezca que al tortosino le importe que salpique al propio Papa.
Comportamiento comunicacional errático
A ello se añade su evidente dificultad para gestionar la comunicación pública.
Cuando se menciona a Bertomeu en un medio, entra en una espiral de pánico: pide artículos laudatorios, busca blindajes mediáticos, mezcla temas sin relación, involucra al Papa sin necesidad y llega a señalar a víctimas de otros casos, como si fueran piezas de un relato conspirativo.
Una persona en ese estado de tensión y falta de autocontrol no debería dirigir un proceso canónico de estas características.
En vez de construir un caso, Bertomeu construye un relato. Y lo construye mal. No es equilibrio profesional lo que demuestra, sino fragilidad.
El ruido beneficia a los verdaderos responsables
Mientras periodistas y funcionarios eclesiales convierten el caso en un campo de batalla mediático delirante, quienes se benefician de las estructuras patrimoniales paralelas del Sodalicio observan el espectáculo.
La causa se vacía de contenido jurídico, se politiza en exceso y se rodea de una narrativa emocional que ahoga la búsqueda objetiva de la verdad.
El caso Sodalicio —tanto en su dimensión moral como en la patrimonial y canónica— exige juristas expertos con autoridad técnica, una estrategia probatoria sólida, un marco canónico bien articulado y una comunicación transparente, no histérica. Mientras esto no ocurra, los únicos perjudicados serán las víctimas y la propia Iglesia. Y los únicos beneficiados, quienes diseñaron una estructura que, hasta ahora, ha sobrevivido gracias a la incompetencia de quienes dicen luchar contra ella.