El pasado 20 de noviembre, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) de Chile presentó un texto “infantil” titulado Ariel es una niña. La obra, distribuida con una primera tirada de 5.000 ejemplares para jardines de infancia y bibliotecas públicas, busca promover las llamadas «infancias trans».
El proyecto cuenta con el respaldo de organismos estatales como la Subsecretaría de la Niñez, la Defensoría de la Niñez y diversas instituciones educativas, entre ellas la Universidad de Chile. El libro no recurre a mensajes encubiertos: va directo al objetivo, con una clara carga de adoctrinamiento dirigida a los más pequeños. En la nota de prensa publicada por el movimiento, se afirma que el cuento:
“Narra en primera persona la historia de una niña que descubre y afirma su identidad con el apoyo de su familia, su escuela y su entorno. A través de las vivencias de Ariel (su clóset y juguetes de todos los colores, sus amistades, sus preguntas, su visita al Cerro Santa Lucía y la carta de un niño trans, Matías) el cuento muestra que todas las infancias merecen crecer sin miedo, con autonomía, seguridad y respeto”.
Por supuesto, bajo esta retórica —tan cuidadosamente diseñada para presentarse como “inclusiva”— se esconde una realidad evidente: permitir que este tipo de textos penetre en la educación inicial es, en la práctica, un acto de corrupción directa contra la infancia. Corrompe su inocencia y su desarrollo natural. Y lo hace con el beneplácito del Estado.
Polémica tras la presentación
Tras el lanzamiento del libro, activistas del Movilh distribuyeron ejemplares en la Biblioteca del Congreso chileno y entre distintos diputados como parte de una campaña que presentan como “educativa”. La acción generó reacciones inmediatas, especialmente entre parlamentarios de derecha que cuestionaron el contenido del texto y su entrega dentro de dependencias legislativas. Lo más grave es que estos materiales no se quedarán en los pasillos del Congreso: serán repartidos directamente en jardines infantiles y colegios, donde los niños no tienen capacidad alguna para filtrar adoctrinamiento disfrazado de cuentos.
Un activismo con antecedentes
Movilh, fundado en 1991 y miembro de la Asociación Internacional de Lesbianas y Gais (ILGA), acumula desde 2001 más de 279 millones de pesos chilenos en financiación estatal, además del apoyo económico de la Unión Europea, Noruega, los Países Bajos y España. Su influencia ha crecido en paralelo a la agenda progresista promovida por el actual Ejecutivo, que en 2022 impulsó la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo y lanzó un “Plan Nacional de Derechos Sociales LGBTIAQ+” para incorporar estos temas en escuelas, centros de salud y ambientes laborales.
Según información de International Family News (IFN), el lanzamiento del libro se da en medio de cuestionamientos crecientes hacia Movilh por su pasado dentro de ILGA, particularmente tras la expulsión en 1994 de grupos pro-pedófilos como NAMBLA. En ese proceso, el fundador del movimiento, Rolando Jiménez, se opuso públicamente a la depuración interna que se realizó después de que ILGA perdiera su estatus consultivo ante la ONU. Aunque Jiménez fue apartado, su influencia dentro del movimiento continuó.
A ello se suma que Movilh apoyó públicamente a un activista trans que posteriormente fue condenado por abusar sexualmente de menores, un episodio que reavivó el debate sobre el tipo de activismo que se está promoviendo bajo el amparo del Estado y con recursos públicos. Y, ante este contexto, el entusiasmo gubernamental por llevar sus materiales a la educación inicial resulta, como mínimo, preocupante. O, dicho sin eufemismos: profundamente irresponsable.
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