El Gobierno de Canadá se prepara para eliminar las exenciones religiosas de las leyes nacionales sobre “discurso de odio”, en un movimiento legislativo que endurece el marco penal en torno a la expresión pública y las convicciones morales vinculadas a la fe.
Según informó National Catholic Register, la medida surge de un acuerdo entre el Partido Liberal de Canadá, que encabeza el Gobierno, y el Bloc Québécois, que ahora apoyará la supresión de las protecciones legales que eximían a personas cuyas opiniones se fundamentaban en una doctrina religiosa o en un texto sagrado.
Actualmente, la legislación canadiense prohíbe “incitar al odio contra un grupo identificable”, pero permitía justificar una opinión cuando estaba basada en creencias religiosas. Esa cláusula está a punto de desaparecer.
Un cambio legal negociado en secreto
El National Post informó el 1 de diciembre que la eliminación de las exenciones aparecerá en una próxima enmienda legislativa. El diario citó a una “fuente gubernamental de alto nivel” que confirmó que “el proyecto de ley está en un punto en el que todos están satisfechos”, lo que indica que el acuerdo político ha sido cerrado lejos del escrutinio público.
La reforma también eliminaría la obligación de que el fiscal general apruebe los procesos penales relacionados con “delitos de propaganda de odio”, un paso que, según críticos de la oposición, suprime un importante contrapeso institucional.
Crecen los delitos de odio, pero la medida apunta a recortar libertades
El Gobierno justifica la reforma aludiendo al aumento reciente de delitos de odio, especialmente contra la comunidad judía. Datos citados por B’nai Brith Canada señalan un incremento drástico de incidentes antisemitas tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y un repunte adicional durante 2024.
El proyecto legislativo también prohibirá de forma explícita mostrar la esvástica nazi y el símbolo de las SS, iconografía utilizada en ataques contra judíos. Los conservadores, sin embargo, subrayan que estas acciones ya son ilegales y advierten de que la reforma sirve más para bajar el umbral legal de “odio” que para combatir el antisemitismo.
El texto redefine “odio” como “una emoción de detestación o vilificación más fuerte que el desdén o el disgusto”, un concepto que —según la oposición— abre la puerta a perseguir opiniones legítimas, incluidas las religiosas.
La oposición denuncia una amenaza directa a la libertad religiosa
El Partido Conservador rechaza la reforma, defendiendo que la eliminación del fiscal general debilita las garantías procesales y criticando lo que consideran un ataque directo a la libertad de conciencia y expresión.
En este contexto, también han alzado la voz organizaciones cristianas. La Christian Legal Fellowship, con sede en Ontario, pidió en octubre mantener las protecciones religiosas, alegando que estas defensas están “en línea con los principios de justicia e igualdad” que sustentan la lucha contra la discriminación. El grupo alertó que su eliminación “pondría en riesgo la integridad constitucional” de la ley.
Un clima creciente de desconfianza hacia lo religioso en Canadá
El debate no surge en el vacío. En los últimos años, Canadá ha experimentado una serie de iniciativas políticas que han generado preocupación entre líderes cristianos, el Arzobispo de Montreal, Christian Lépine, advirtió en septiembre sobre la propuesta del Gobierno de Quebec de prohibir la oración en lugares públicos, señalando que impedir el rezo sería “como prohibir el pensamiento mismo”. Anteriormente, en diciembre de 2024, un comité de la Cámara de los Comunes sugirió eliminar el “fomento de la religión” de la lista de fines benéficos reconocidos por el Estado, una medida considerada una amenaza directa a la libertad religiosa y al papel social de las comunidades de fe.
Mientras tanto, el censo de 2021 reveló que la población católica del país cayó en casi dos millones en la última década, reflejo de un proceso de secularización acelerado.
Un giro legislativo que podría redefinir el espacio público
La posible eliminación de las protecciones religiosas abre un escenario inquietante: ciudadanos, pastores, profesores, médicos o líderes comunitarios podrían enfrentarse a sanciones por expresar convicciones tradicionales sobre la fe, la moral o la antropología humana.
La reforma pretende frenar símbolos de odio históricamente asociados con el nazismo, pero sus efectos colaterales podrían impactar de lleno en quienes fundamentan sus opiniones en la doctrina cristiana. La línea entre combatir la violencia y censurar la conciencia podría volverse más difusa que nunca.
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