El obispo José Ignacio Munilla ha rectificado públicamente tras haber difundido un vídeo en redes sociales que incluía imágenes generadas por inteligencia artificial de detenciones de inmigrantes hispanos en Estados Unidos. El prelado reconoció el error, pidió disculpas y anunció que, a partir de ahora, verificará todo el material audiovisual que comparta.
Munilla publicó un nuevo mensaje acompañado de dos vídeos verificados, insistiendo en que la existencia de montajes o deepfakes no puede ocultar que se están produciendo situaciones de trato inhumano en determinados procedimientos de detención y deportación. También recordó que la Conferencia Episcopal Estadounidense ha condenado por unanimidad las deportaciones «indiscriminadas» y reclamó un enfoque inmigratorio que distinga entre delincuentes y familias que solo buscan sobrevivir.
Sin embargo, su rectificación deja en evidencia un fenómeno que trasciende este caso concreto: la creciente demagogia que rodea el debate sobre la inmigración. La circulación de contenido manipulado —a veces por error, otras veces de forma deliberada— dificulta que la opinión pública distinga entre la necesaria compasión hacia el migrante como persona y el análisis responsable de las políticas que deben regir los flujos migratorios.
Desde la perspectiva personal, la caridad nos obliga siempre a asistir al prójimo: nadie puede ignorar las historias de quienes han cruzado desiertos y mares huyendo de la pobreza o la violencia. Esa dimensión individual, espiritual y ética es innegociable.
Pero otra cosa es el plano estructural. Las decisiones de política migratoria deben evitar caer en sentimentalismos que, lejos de ayudar, pueden alimentar un círculo vicioso: el descontrol fronterizo incentiva a las mafias, provoca muertes, genera frustración y empuja a familias enteras —incluidos menores y embarazadas— a emprender travesías que ponen en riesgo sus vidas. Además, puede producir tensiones económicas y sociales en los países receptores, desbordando servicios públicos y dificultando procesos de integración.
La rectificación de Munilla, en este sentido, no solo es un acto necesario de transparencia, sino también una oportunidad para reflexionar sobre cómo se construye el debate público. La caridad personal y la justicia social no son contradictorias, pero requieren distinguir entre el deber moral hacia la persona y la responsabilidad política hacia el bien común.
En un tiempo en el que las imágenes falsificadas y los discursos emocionales pueden moldear la opinión pública en cuestión de minutos, el desafío es doble: verificar los hechos y pensar con serenidad. Solo así será posible un debate migratorio honesto, realista y genuinamente humano.
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