La Administración Trump ha dado un giro significativo a su política en materia de derechos humanos al introducir nuevos criterios en los informes anuales que el Departamento de Estado presenta al Congreso. Las directrices, adelantadas por The Daily Signal, suponen una ruptura explícita con el enfoque del Gobierno de Joe Biden, que había incorporado conceptos ideológicos como la identidad de género, el DEI o las restricciones al “discurso de odio” dentro de su marco de actuación internacional.
“Ideologías destructivas” y abusos encubiertos
El portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó que estas nuevas orientaciones responden a la expansión de “ideologías destructivas” que, en su opinión, han servido en los últimos años para justificar vulneraciones graves de derechos humanos. Pigott subrayó que la Administración Trump considera inaceptable que prácticas como la “mutilación de menores” mediante procedimientos de cambio de sexo, la imposición de límites a la libertad de expresión o las políticas de contratación basadas en criterios raciales continúen normalizándose bajo el paraguas de supuestos avances sociales. “Decimos basta”, señaló con contundencia.
Nuevas obligaciones en los informes internacionales
Los Country Reports on Human Rights Practices, documentos obligatorios desde la Ley de Asistencia Exterior de 1961 y la Ley de Comercio de 1974, deberán incluir ahora un examen exhaustivo de estas prácticas en todos los países evaluados. Pasarán a considerarse violaciones de derechos humanos los tratamientos hormonales o quirúrgicos de transición en menores, por entender que vulneran el principio básico de protección de la infancia.
La nueva guía también obliga a denunciar a los Estados que financien abortos o distribuyan fármacos destinados a interrumpir la vida prenatal. Los gobiernos deberán informar del número estimado de abortos realizados en su territorio, introduciendo un nivel de responsabilidad pública que no existía en los informes previos.
Libertad de expresión frente a leyes ideológicas
El nuevo marco exige además documentar las medidas que, bajo la etiqueta de “discurso de odio”, hayan derivado en arrestos, sanciones o investigaciones contra ciudadanos por expresar opiniones que contradicen la ortodoxia oficial. Para la Administración Trump, este tipo de legislaciones pone en riesgo la libertad de expresión y debe ser denunciado abiertamente en el ámbito internacional.
A ello se suma la evaluación crítica de las políticas de diversidad, equidad e inclusión, así como de cualquier forma de acción afirmativa que otorgue privilegios laborales en función de la raza, el sexo o la pertenencia a determinados grupos. Según Washington, estas prácticas no reducen desigualdades, sino que generan nuevas discriminaciones institucionalizadas.
Otros ámbitos incluidos: migración, eutanasia y libertad religiosa
El cambio de enfoque afecta también a cuestiones como la migración irregular. Los informes deberán señalar cuando un Estado facilite o tolere el paso masivo de migrantes hacia otros países, un fenómeno que la Administración Trump interpreta como un factor de inestabilidad social y política.
Del mismo modo, el documento incluirá la denuncia de prácticas que presionen a las personas a aceptar la eutanasia, junto con un análisis detallado de las vulneraciones a la libertad religiosa, con especial atención al aumento del antisemitismo y al hostigamiento a las comunidades de fe. También se abordarán los abusos médicos más graves, como la realización de pruebas sin consentimiento, la extracción forzada de órganos o la experimentación genética eugenésica con embriones humanos.
Un retorno a una visión clásica de los derechos humanos
En conjunto, este nuevo marco marca un regreso a una concepción clásica de los derechos humanos, orientada a la defensa de la vida, la libertad religiosa y la dignidad humana. La Administración Trump considera que, en los últimos años, ciertas agendas ideológicas han distorsionado estos principios fundamentales, fomentando un clima internacional de confusión moral. Con estas reformas, Estados Unidos busca restablecer criterios claros y objetivos para evaluar la situación de los derechos humanos en el mundo.