Lo ocurrido en el Valle de los Caídos en los últimos meses no es un simple desencuentro administrativo. Es el síntoma visible de una fractura más profunda: por un lado, un poder político decidido a reescribir el sentido de Cuelgamuros; por otro, una Iglesia dividida entre los diálogos que mantiene la Santa Sede, el intento de los benedictinos por frenar el proceso y el silencio “pastoral” de una cúpula episcopal que prefiere situarse al margen.
El conflicto ha puesto al descubierto tensiones internas, presiones externas y una realidad incómoda: el Valle se ha convertido en un campo de batalla donde se juega la libertad religiosa, la memoria histórica y la unidad de la propia Iglesia.
En mayo se supo que nueve recursos administrativos habían sido presentados contra el concurso internacional de ideas convocado por el Gobierno para “resignificar” el Valle de los Caídos. Nada nuevo en sí mismo: la noticia trascendió entonces y el Ministerio de Vivienda llegó a denunciar que esos recursos parecían presentados de forma coordinada para frenar el proceso, algo que finalmente no ocurrió. Lo verdaderamente significativo es que ahora, gracias a la información publicada por Vida Nueva, se confirma que uno de esos recursos procedía de la comunidad benedictina. En aquel momento nadie lo confirmó oficialmente y, al parecer, ni el Vaticano ni la Conferencia Episcopal Española tenían conocimiento de ello.
A este escenario se suman los acuerdos —aún no divulgados públicamente— alcanzados entre el Gobierno y la Santa Sede, con conocimiento de la CEE y del cardenal Cobo. Sin embargo, sus declaraciones posteriores generan más confusión que claridad: afirman conocer los acuerdos, pero no demasiado; haber sido informados del proyecto, pero sin muchos detalles; ser parte implicada, pero limitarse luego a un vago “acompañamiento pastoral”.
Y aquí surge un elemento decisivo que no puede omitirse: todo este proceso parece sustentarse en un pacto opaco, oscuro, del que no sabemos ni quién lo firmó ni en qué términos, y que, además, afecta a una basílica pontificia, cuya competencia última corresponde al Papa.
Que se gestione entre sombras y medias palabras solo profundiza la sensación de desorden. Una contradicción tras otra que deja una pregunta de fondo: ¿quién sabe qué, quién negocia qué y quién decide realmente en nombre de la Iglesia?
Una Iglesia dividida ante el ataque al Valle
Los hechos confirman la desunión entre la Iglesia española, la Santa Sede y la comunidad benedictina.
Los monjes, que viven y custodian el recinto desde hace décadas, actuaron por su cuenta y presentaron el recurso sin avisar ni a Roma ni al cardenal arzobispo de Madrid.
La Santa Sede, sorprendida por el recurso de los monjes, ha insistido en mantener la vía del diálogo. El cardenal Parolin ha reiterado que Roma no avala la estrategia contenciosa de los benedictinos y busca sostener un equilibrio frágil: defender lo esencial sin provocar un choque institucional irreversible. Por su parte, el cardenal Cobo se enteró también a posteriori, pese a haber sido el interlocutor oficial en el proceso.
Esta falta de coordinación refleja un problema de fondo: el Valle de los Caídos ha sido entregado en la práctica por unos, mientras otros intentan defenderlo sin respaldo ni unidad interna.
La Santa Sede apuesta por el diálogo; la Iglesia española asume un papel meramente pastoral; y los monjes, aislados y señalados, intentan resistir la presión política.
En ese vacío, el Gobierno avanza.
Un Gobierno que no oculta su intención
Al conocer el movimiento de los monjes, la reacción de Moncloa fue inmediata. El viaje urgente del ministro Félix Bolaños a Roma evidenció que el Gobierno quiere controlar el futuro del Valle sin oposición, cueste lo que cueste. Según fuentes citadas por Vida Nueva, Bolaños no dudó en trasladar al cardenal Parolin su deseo de expulsar a los benedictinos del enclave si estos no cedían.
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No es nuevo: desde hace años, Cuelgamuros es visto como un símbolo que el poder político desea “reconfigurar”, y la presencia benedictina se percibe como un obstáculo incómodo.
El Ejecutivo actúa con una convicción que no encuentra resistencia equivalente ni en la Iglesia española ni en Roma. Y esa asimetría —un Gobierno decidido frente a una Iglesia dividida— explica por qué el proceso avanza sin frenos, incluso a costa del patrimonio religioso y de la memoria de cientos de familias cuyos familiares están allí enterrados.
El cardenal Cobo se lava las manos
En la reciente presentación de la Memoria de la Provincia Eclesiástica de Madrid, Cobo afirmó que su función es “pastoral”, que el Gobierno es el “actor principal” y que él no tiene más competencia que la de acompañar espiritualmente.
«Nuestro papel es pastoral, no tenemos jurisdicción sobre la basílica, los monjes tienen su regla y la Santa Sede sus normas. Nosotros hemos intentado que haya diálogo e intentado que se mantuviera una presencia religiosa”
También deja claro que no participó en el concurso ni en la votación del proyecto ganador, pese a que un asesor litúrgico de su diócesis participó para velar por la “sacralidad”.
“El actor principal es el Gobierno, no la Iglesia de Madrid. Nosotros hemos acudido a esa iniciativa para entrar en diálogo y hacer valer los distintos aspectos religiosos que hay en ese proyecto de resignificación para se escuche y considera la opinión de la Iglesia. Y pedimos reconocer la basílica, la presencia de los monjes y la salvaguardia de todos los símbolos religiosos”
En la práctica, Cobo marca distancia en un proceso que afecta directamente a la vida religiosa del Valle. No defiende el recurso de los monjes, no cuestiona los planes del Gobierno y no denuncia la presión política. Simplemente se aparta, como quien contempla desde la barrera un proceso del que no quiere hacerse cargo.
¿Quién protege el Valle de los Caídos?
El Gobierno actúa con decisión.
La Santa Sede insiste en el diálogo.
La Conferencia Episcopal se declara ajena a los acuerdos.
El arzobispo de Madrid se limita a un papel pastoral.
Los benedictinos resisten solos, acusados incluso de “doble juego”.
Entonces, la pregunta inevitable es esta:
si cada actor se desmarca y nadie asume la defensa, ¿quién protege realmente el Valle de los Caídos?