Mónaco ha mantenido tradicionalmente una de las legislaciones más estrictas de Europa en materia de aborto. Hasta hace pocos años, la interrupción del embarazo estaba penalizada en cualquier circunstancia: las mujeres podían recibir penas de hasta tres años de prisión, y los médicos arriesgaban incluso la inhabilitación profesional.
Desde 2019, el aborto fue despenalizado —es decir, ya no conlleva sanciones penales—, pero sigue siendo ilegal salvo en los supuestos excepcionales establecidos por la ley de 2009. Como recuerda la Agencia Católica de Noticias, esta situación ha llevado a que muchas mujeres recurran a Francia para abortar, donde la práctica es legal, sin que ello pueda ser perseguido por las autoridades monegascas.
La posición del soberano se apoya en un principio constitucional explícito: la religión católica es la religión del Estado. Este reconocimiento no es meramente cultural, sino un pilar de la visión antropológica y jurídica del país. Con su veto, Alberto II reafirma este fundamento.
La advertencia del Magisterio sobre las “leyes abortistas”
Para comprender el alcance de la decisión del príncipe, conviene tener presente la doctrina de la Iglesia sobre el valor jurídico de las leyes que permiten el aborto. En Evangelium Vitae, san Juan Pablo II afirma que las leyes abortistas son “leyes completamente carentes de auténtica validez jurídica” y no obligan en conciencia, pues contradicen la esencia misma del derecho: la protección del inocente.
El texto subraya un punto clave: ninguna norma humana puede declarar justo lo que es intrínsecamente injusto. Por eso el aborto no puede ser configurado como un derecho sin destruir el primero de todos los derechos, el derecho a la vida.
Una decisión política que afirma un principio civilizatorio
La negativa de Alberto II no obedece a una imposición religiosa, sino a una convicción antropológica y jurídica: una civilización se mide por su capacidad de proteger al más vulnerable. Y pocos seres humanos hay más indefensos que el niño no nacido.
El príncipe ha recordado que la defensa de la vida no se opone al Estado de derecho, sino que lo sostiene. Como enseña Humanae Vitae, la vida humana es “sagrada” desde su origen, un don directamente ligado a la acción creadora de Dios. Por ello, advertía Pablo VI, «no es lícito, ni siquiera por las razones más graves, hacer el mal para que de ello resulte el bien» (HV 14).
Una confrontación inevitable: el caso de Andorra y el papel del Copríncipe episcopal
La decisión de Alberto II abre inevitablemente la comparación con otro microestado europeo cuya identidad católica también condiciona —y frena— los intentos de legalizar el aborto: Andorra. Allí, la presión internacional por introducir el aborto en la legislación se ha intensificado en los últimos años, pero el país se encuentra ante un límite institucional que Mónaco no tiene: la existencia de un Copríncipe que es un obispo en ejercicio, el obispo de Urgell, que permite la incidencia directa con el Vaticano.
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Esta figura, prevista por la Constitución andorrana, convierte al prelado —actualmente el obispo adscrito a la Santa Sede— en jefe de Estado, junto al presidente de la República Francesa. De legalizarse el aborto en Andorra, el Copríncipe episcopal quedaría en una situación imposible: sancionar una ley que contradice de manera directa y explícita la doctrina católica sobre la inviolabilidad de la vida humana.
Una reflexión para la Santa Sede
Parece que resulta más sencillo para un país que no depende de la Santa Sede decidir con claridad sobre cuestiones de aborto que al mismo Vaticano negarse ante una negociación que pone en juego la vida de inocentes.
En una publicación reciente, mons. Viganó denuncia con claridad la hipocresía que se esconde tras las largas del Vaticano en esta negociación que parecen extender para no dar una respuesta definitiva:
La «Iglesia sinodal» escucha el «clamor de la Tierra», mientras finge ignorar los gemidos de los niños exterminados. Está demasiado ocupada promoviendo los «objetivos sostenibles» de la Agenda 2030 (que también incluye el aborto, definido hipócritamente como «salud reproductiva») como para denunciar los sacrificios humanos de esta sociedad antihumana y anticristiana. Demasiado ocupada lucrando con el tráfico de inmigrantes ilegales, que debería denunciar como una herramienta para la islamización de una Europa antaño cristiana.
Al vetar la legalización del aborto, el príncipe Alberto II afirma que un Estado puede —y debe— ejercer su misión esencial: defender al ser humano más indefenso. Y lo hace no como un gesto confesional, sino como un acto elemental de verdadera civilización.