El gobierno de Bielorrusia anunció la liberación de dos sacerdotes católicos condenados por “delitos graves contra el Estado” tras un proceso marcado por denuncias de persecución política, acusaciones en entredicho y crecientes tensiones entre Minsk y la Iglesia local. El indulto llega después de una intensificación de contactos diplomáticos entre las autoridades bielorrusas y la Santa Sede, según informó el medio estatal BelTA.
La liberación del padre Henrykh Akalatovich y del padre Andzej Yukhnevich fue presentada por el régimen como un gesto de “buena voluntad, misericordia y respeto” hacia el año jubilar convocado en Roma. Sin embargo, este caso refleja la delicada situación que vive la comunidad católica bajo el gobierno de Aleksandr Lukashenko, señalado por limitar de manera sistemática libertades civiles y religiosas.
La Iglesia bielorrusa agradece a quienes facilitaron la liberación
Según informó el medio Catholic News Agency (CNA) la Conferencia Episcopal de Bielorrusia manifestó su “gratitud a todos los que contribuyeron a la liberación de los sacerdotes encarcelados”, con especial mención a responsables vaticanos y líderes de la Iglesia local.
Los obispos destacaron así, que este avance permite mantener “una dinámica positiva en las relaciones bilaterales, basadas en valores tradicionales, fraternidad, tolerancia y respeto por los creyentes”.
El caso del padre Akalatovich: una acusación de espionaje rechazada como una “provocación”
El padre Henrykh Akalatovich, de salud frágil tras sufrir un infarto y someterse a una cirugía por cáncer, fue detenido en noviembre de 2023 y condenado el 30 de diciembre de 2024 a 11 años de prisión por “alta traición”. Este cargo, utilizado por el régimen para castigar a opositores, incluía la acusación de espiar “para Polonia desde el Vaticano”.
El sacerdote calificó esas acusaciones de “burda provocación”, denunciando públicamente —a través de la organización de derechos humanos Viasna— que “no había una sola prueba verdadera” contra él, y que todo el caso se sostenía en “mentiras, amenazas y chantaje”.
Según Viasna, la liberación fue posible “gracias a la visita del cardenal Claudio Gugerotti”, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales y buen conocedor de la región por su labor diplomática previa.
El caso del padre Yukhnevich: una condena rodeada de dudas
El segundo sacerdote indultado, Andzej Yukhnevich, había recibido una pena de 13 años de prisión por presuntos abusos contra menores. Reuters informó que el sacerdote negó desde el inicio todas las acusaciones.
Viasna sostiene que los testimonios presentados en su contra “podrían haberse dado bajo presión”, aunque reconoce que no dispone de datos adicionales para profundizar esa afirmación. Aun así, la organización subraya que Yukhnevich “intentó demostrar su inocencia durante todo el proceso”.
El régimen bielorruso no ofreció más detalles sobre los motivos que llevaron al indulto más allá de las referencias generales a la “buena voluntad” y al diálogo con el Vaticano.
Un país donde la libertad religiosa se sigue deteriorando
La liberación de los sacerdotes tiene lugar en un contexto de retroceso generalizado de libertad y derechos en Bielorrusia. La Comisión estadounidense sobre Libertad Religiosa Internacional denunció en 2023 que la situación del país “continúa empeorando”, señalando la presión estatal sobre iglesias, comunidades, actividades pastorales y organizaciones caritativas.
El informe mencionaba el cierre en 2022 de la iglesia de San Simeón y Santa Elena —la popular “Iglesia Roja” de Minsk—, considerada un símbolo de las protestas contra Lukashenko en 2020. Para muchos fieles, la clausura del templo marcó un antes y un después en la relación entre el régimen y los creyentes católicos.
Un indulto con lectura política
Aunque la liberación de los sacerdotes supone un alivio para sus comunidades y familias, difícilmente puede separarse del contexto político. El régimen de Lukashenko busca proyectar moderación ante organismos internacionales, especialmente en medio de sanciones y creciente aislamiento diplomático.
Para la Iglesia, sin embargo, la medida representa un respiro dentro de un entorno marcado por la vigilancia, los procesos opacos y el uso recurrentemente político de la justicia.