La comunidad greco-católica ucraniana en Madrid atraviesa una profunda crisis interna que, según denuncian sus propios miembros, tiene un responsable directo: el P. Andrés Martínez Esteban, vicario general del Ordinariato Católico Oriental de Madrid y figura con autoridad plena sobre las comunidades orientales dentro de la archidiócesis.
De acuerdo con el testimonio recogido por El Wanderer, las decisiones del vicario general han provocado una situación límite que los fieles describen como un proceso de “vaciamiento” de su comunidad. Martínez Esteban habría impuesto cambios drásticos en el uso de templos, horarios y vida parroquial que, lejos de favorecer su estabilidad, estarían conduciendo a la disolución progresiva de una comunidad que llevaba años asentada y funcionando con normalidad.
Una comunidad que se siente empujada a la disolución
Los greco-católicos ucranianos afirman que el traslado impuesto por la diócesis ha provocado ya la pérdida de cerca del 60% de sus fieles, debido a que los nuevos lugares asignados resultan poco accesibles o insuficientes para desarrollar una vida parroquial real.
Según la comunidad, las opciones ofrecidas por la diócesis son, de hecho, dos caminos hacia la desaparición:
una parroquia periférica donde muchos no podrían acudir, o un templo céntrico con restricciones tan severas —sin posibilidad de celebrar bautizos, bodas, funerales, vigilias ni grandes fiestas del calendario bizantino— que convertiría a los fieles en “huéspedes temporales”, sin vida comunitaria auténtica.
Varios miembros señalan que, ante sus peticiones de diálogo, el vicario habría respondido con la frase “o la aceptación o buscad la vida por vuestra cuenta”, palabras que han sido percibidas como una amenaza directa y una negación del acompañamiento pastoral que debería recibir cualquier comunidad católica.
Una herida para un pueblo que ya carga con el peso de la persecución
Los ucranianos greco-católicos, muchos de ellos descendientes de familias perseguidas por el régimen soviético, consideran que su rito y su tradición litúrgica no son un capricho, sino una herencia espiritual que han conservado con sacrificio y fidelidad. Por ello, la sensación de abandono por parte de la archidiócesis duele especialmente.
La comunidad subraya que no pide privilegios, sino respeto, un lugar digno para celebrar su culto y la posibilidad de mantener viva una tradición que forma parte de la riqueza de la Iglesia universal.
Lo que denuncian es que, mientras a otros grupos se les facilitan templos, horarios y apoyo institucional, ellos reciben trabas, desplazamientos forzados y un clima de hostilidad.
Un caso que reabre el debate sobre el trato a los ritos orientales en España
Lo ocurrido en Madrid pone sobre la mesa una cuestión más amplia: ¿cómo gestiona la Iglesia en España la presencia de comunidades católicas orientales?
Estas comunidades están plenamente en comunión con Roma, poseen derechos litúrgicos propios y, según el magisterio, deben ser tratadas con igual dignidad y respeto que cualquier parroquia de rito latino.
Sin embargo, el testimonio recogido por El Wanderer muestra una realidad preocupante: falta de escucha, decisiones unilaterales, espacios inadecuados y una actitud que muchos fieles perciben como una forma de marginación interna.
Una llamada urgente a la justicia y al cuidado pastoral
La denuncia hecha pública plantea un problema que no puede dejarse en silencio. Una comunidad católica —más aún una comunidad oriental que ha sufrido históricamente persecución— merece acogida, estabilidad y un trato justo.
Lo que está en juego no es solo un edificio o un horario: es la continuidad de un rito, el futuro de una comunidad viva y la credibilidad pastoral de la Archidiócesis de Madrid.