El Sindicato de Inquilinas de Madrid llama a movilizarse el 16 de noviembre frente a la sede del Arzobispado, en protesta por la venta de 13 inmuebles a un precio muy inferior al de mercado y por la opacidad del proceso.
Los convocantes acusan a la Iglesia madrileña de actuar con falta total de transparencia y de malvender patrimonio de carácter social a un precio muy por debajo del valor de mercado. Según las estimaciones de vecinos y expertos inmobiliarios, los inmuebles —procedentes de donaciones destinadas al alojamiento de huérfanos y familias vulnerables— podrían superar en conjunto los 200 millones de euros, mientras que el acuerdo se habría cerrado en torno a los 99 millones.
Diversos medios, como El País y El Confidencial, han señalado que la fundación Fusara reactivó este año una operación ya intentada en 2019, cuando la Justicia paralizó la venta por posibles irregularidades. Los inquilinos, que en su mayoría mantienen contratos de alquiler asequible, temen que la transacción facilite su expulsión y transforme los edificios en viviendas turísticas o de lujo.
El Sindicato de Inquilinas denuncia además la opacidad del patronato de Fusara, compuesto únicamente por representantes eclesiásticos, y reclama que el Arzobispado rinda cuentas sobre el destino de los fondos y la legalidad de la operación. En su manifiesto, los colectivos exigen la paralización inmediata de la venta hasta que se esclarezcan las valoraciones, los fines fundacionales de los inmuebles y los posibles conflictos de interés que rodean la operación.
La concentración del 16 de noviembre, bajo el lema “Concentración contra la especulación”, se desarrollará de 11:00 a 13:00 horas frente al Arzobispado. Los organizadores esperan una asistencia masiva de vecinos y movimientos sociales, en un nuevo episodio del conflicto por la vivienda que enfrenta a cientos de familias madrileñas con una fundación eclesiástica acusada de especular con bienes destinados a la obra social.
La Archidiócesis de Madrid, por su parte, no ha ofrecido explicaciones públicas sobre la operación, limitándose a señalar que todo se ha realizado conforme a la normativa vigente. Sin embargo, las asociaciones de inquilinos y plataformas por la vivienda aseguran que seguirán presionando por vías judiciales y mediáticas para impedir que la venta se consolide.