El Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente el proceso judicial iniciado por las exreligiosas de los monasterios de Santa Clara de Belorado (Burgos) y de Derio (Vizcaya), al inadmitir el recurso de casación presentado por la exabadesa Laura García de Viedma. Con esta decisión, el Alto Tribunal ratifica la imposibilidad de transformar los monasterios católicos en asociaciones civiles y confirma la plena validez del nombramiento de Mons. Mario Iceta Gavicagogeascoa, arzobispo de Burgos, como Comisario Pontificio y legítimo administrador de ambas comunidades religiosas.
Un conflicto que comenzó con el rechazo a la autoridad eclesial
El origen del caso se remonta a 2024, cuando un grupo de clarisas de Belorado, encabezadas por su abadesa, anunció su ruptura con la Iglesia Católica y su adhesión al llamado “obispo” excomulgado Pablo de Rojas. Tras este acto de cisma, las exmonjas intentaron registrar sus monasterios como asociaciones civiles, bajo los nombres “Monasterio de Santa Clara de Belorado” y “Monasterio de Santa Clara de Derio”, con el objetivo de sustraer los bienes y propiedades del control de la Iglesia y constituirse en entidades “culturales independientes”.
Sin embargo, el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior denegó en agosto de 2024 dicha inscripción, al considerar que las solicitudes vulneraban el orden jurídico y canónico vigente. Paralelamente, las exreligiosas impugnaron ante la justicia el nombramiento del Comisario Pontificio, designado por la Santa Sede para asumir la gestión de los monasterios tras el cisma.
Los tribunales confirman que no hubo vulneración de derechos
El 11 de junio de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había desestimado el recurso de las exmonjas, afirmando que las resoluciones ministeriales se ajustaban a Derecho y no vulneraban derechos fundamentales de libertad religiosa, asociación, intimidad ni igualdad. En consecuencia, las decisiones del Ministerio del Interior y del Registro de Entidades Religiosas quedaron plenamente respaldadas.
A pesar de ello, las exclarisas presentaron un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, que ahora ha sido inadmitido mediante providencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, poniendo punto final a la batalla judicial.
La Iglesia espera el fin de un “asunto doloroso”
Con esta resolución, se agota la vía contencioso-administrativa, y todas las decisiones anteriores —desde las del Registro de Entidades Religiosas hasta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid— adquieren firmeza. En otras palabras, el caso queda definitivamente cerrado, y la autoridad eclesiástica recupera sin discusión el control de los monasterios.
Desde la Oficina del Comisario Pontificio, su portavoz, Natxo de Gamón, expresó su confianza en que “la Administración de Justicia ponga fin a este doloroso asunto conforme a Derecho”. Asimismo, subrayó la preocupación de la Iglesia por las monjas de edad avanzada que permanecen fieles y no incurrieron en el cisma, asegurando que se seguirá velando por su bienestar espiritual y material.