Las grabaciones y testimonios de la investigación eclesiástica sobre el sacerdote Eleuterio Vásquez González, conocido como el Padre Lute, muestran un hecho incontestable que se suma al cúmulo de despropósitos del que viene informando Infovaticana: el agresor reconoció los abusos que cometió contra menores en Chiclayo, pero no los considera delito porque, en su visión, no hubo “acto sexual completo”.
El reconocimiento explícito
El delegado de la Diócesis para el caso, Giampiero Gambaro, se lo explicó con claridad a las víctimas el 23 de abril de 2025 en una conversación en la que intentaba convencerlas de aceptar que el caso no se juzgue y que Lute evite la justicia a través de la aceptación de una dispensa del estado clerical:
“El problema es que el padre Eleuterio no considera esos hechos un delito. No los considera un delito. Y es por eso que dicen que no hay prueba, que no hay… no lo considera. Puede ser que lo haya considerado como un pecado, esto en su fuero interno a nosotros no nos interesa. Pero no lo considera un delito, porque los hechos objetivos en sí, para él, no son un delito. El abuso sexual para este tipo de cabeza, un poco machista, un poco narcisista, etcétera, es solo el acto sexual completo. Entonces, ¿soy culpable de qué? De nada. No existe delito”.
En esas palabras hay una admisión doblemente grave. Por un lado, el propio delegado reconoce que el sacerdote admite haber cometido actos de abuso sexual contra las niñas —en los casos más graves, de 9 y 11 años—. Por otro, confirma que el abusador no los percibe como delito. Se trata, por tanto, de un reconocimiento explícito de los hechos, acompañado de una minimización moral que desdibuja la frontera entre el pecado y el crimen.
Gambaro llega incluso a reflexionar sobre la mente del agresor, como si su percepción justificara en parte la situación:
“Esto es grave, es grave por el tipo de formación que él tiene. Que tienen los sacerdotes… porque acá es el tema un poco más grande, pero es la formación de los sacerdotes que están en Chiclayo… y para una persona así, con este perfil, el hecho de no poder celebrar la Misa, de no poder ser el líder de la comunidad, de ser aclamado como el genio de la devoción del milagro eucarístico… no ser parte de esa cosa que aparece en redes… bueno, no es fácil, ¿no?”.
El tono, que pretende ser analítico, acaba transmitiendo empatía hacia el victimario. En vez de colocar el foco en las víctimas, se describe con compasión el sufrimiento del sacerdote por no poder celebrar Misa, como si esa pérdida ministerial fuera comparable al trauma de los abusos.
Una jerarquización del dolor
En noviembre de 2023, el sacerdote Julio Ramírez, delegado de la diócesis de Chiclayo designado por Robert Prevost para comunicarse con las víctimas, ya trasladó a las víctimas este mismo argumento de minimización por la ausencia de penetración en los abusos.
“en el caso de la Iglesia se ha tomado el testimonio, se ha llevado para allá, pero no se ha hecho más. Sabemos que el Papa no archiva casos de violencia sexual, pero… No quiero que suene mal, ni tampoco lo estamos defendiendo, pero como no ha llegado a una situación… que sé que es traumático lo que han vivido, pero no han llegado a una situación de una violación propiamente, como que le han dado prioridad a otros casos que sí están con una complicación fuerte. Por lo que eso es lo que yo sé y eso es lo que me comentó Monseñor… parece que Roma le ha dado prioridad a casos con situaciones más fuertes”.
Estas afirmaciones constituyen un testimonio de negligencia eclesial impropio de una Iglesia que en 2022 y 2025 debería tener la lección aprendida. Es impropio que se transmita a las víctimas oficialmente que su caso “no merece prioridad” porque “no hubo violación propiamente dicha”. Desde la perspectiva jurídica y moral, esto equivale a una banalización del abuso sexual y a una negación de su gravedad intrínseca.
Negligencia revestida de lenguaje pastoral
El discurso de ambos representantes eclesiales, Gambaro y Ramírez, revela un mismo patrón: admitir los hechos pero restarles peso penal y moral. En lugar de reconocer que cualquier contacto sexual forzado, coercitivo o abusivo constituye un delito grave y que la Iglesia debe perseguirlo hasta las últimas consecuencias, se introduce una escala de “gravedad” que concedería más atención a los casos con penetración, y les propone darse por satisfechas con archivos opacos y dispensas en fraude de ley.
Ese enfoque contradice tanto el derecho civil como el derecho canónico. Según el canon 1398 § 1, comete delito todo clérigo que “atente contra el sexto mandamiento del decálogo con un menor”, sin exigir penetración ni consumación. Y desde la óptica moral, la teología católica reconoce que el abuso sexual es una violación de la dignidad humana que no depende del tipo de acto físico.
Lo que estas palabras muestran, más allá de la intención, es una estructura institucional de tolerancia: se acepta que el abuso existió, se humaniza al abusador, se relativiza el daño y se posterga la justicia.
Un reconocimiento que obliga a actuar
El caso del Padre Lute ya no es una cuestión de presunción: hay reconocimiento de los abusos ante los representantes de la Iglesia que investigan el caso. Las palabras de Gambaro y Ramírez son, en sí mismas, una prueba moral y pastoral de que la Iglesia tiene conocimiento pleno de los hechos.
Lo que falta, y lo que las víctimas exigen, es justicia: no empatía con el abusador, ni tecnicismos sobre la penetración, sino una reparación integral y una condena firme. Porque cuando una institución reconoce un crimen y, al mismo tiempo, lo relativiza, deja de ser juez para convertirse en cómplice.