En una reunión con las víctimas del sacerdote abusador Eleuterio Vásquez Gonzáles, el representante oficial de la Iglesia en el caso del cura pederasta de Chiclayo, Giampiero Gambaro, reconoció el pasado 23 de abril de 2025 las graves irregularidades en la investigación eclesiástica instruida bajo la responsabilidad del entonces obispo de Chiclayo, Robert Prevost, hoy Papa Leon XIV en el año 2022.
Gambaro, canonista nombrado por el actual obispo de Chiclayo Edison Farfán como delegado para instruir el proceso administrativo penal contra Vásquez Gonzáles, admitió abiertamente que la primera investigación fue muy deficiente, superficial y llena de errores formales, en lo que constituye la primera confirmación oficial de negligencia en la gestión eclesiástica del polémico caso Lute.
“La investigación previa, una tomadura de pelo. Súper… formalmente así, más o menos bien hecha, con errores formales incluso, pero bueno. Y después el contenido de la investigación, súper… muy eh… prácticamente ¿no? Prácticamente con las denuncias se hicieron algunas preguntas similares, parecidas a la denuncia que ustedes hicieron, y al padre prácticamente nada. No contestó nada”.
El propio delegado subrayó que la falta de rigor y la superficialidad marcaron todo el proceso, llegando a afirmar que incluso en la Santa Sede se incurrió en errores graves en el tratamiento del expediente.
“Me enteré de muchas cosas, y muchos errores, mucha superficialidad, en varias figuras incluso en la Santa Sede, eh… hay aquí varias situaciones complejas”.
Una investigación sin pruebas esenciales
Más allá de las deficiencias formales reconocidas por Gambaro, lo que queda claro es que la Iglesia no investigó nada de lo que debía investigar. Había múltiples pruebas pendientes de practicar: testimonios presenciales, revisión de agendas, declaraciones de quienes acompañaron al sacerdote en sus viajes con menores a la sierra, donde pernoctaba con ellas en presencia de un chófer y de varios testigos.
Ninguna de estas diligencias fue ordenada ni practicada. La investigación canónica —como reconoció Gambaro— se limitó a un trámite formal sin contenido, sin preguntas a las víctimas ni al propio acusado, que “no contestó nada”.
El error jurídico que contradice al propio derecho de la Iglesia
Uno de los aspectos más graves revelados en las declaraciones de Gambaro es la explicación sobre el archivo del caso por parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que lo cerró alegando prescripción conforme a la ley peruana. El delegado calificó esta decisión de “extrañísima”, al reconocer que la Iglesia nunca aplica la prescripción civil a los delitos canónicos, y que el Papa Francisco había derogado reiteradamente los límites de prescripción en casos de abusos.
“Es la primera vez que me ocupo de este tipo de situación… la primera vez que acogen la prescripción de la ley civil… ¿Así…? Eso es una cosa extrañísima”.
El envío de las víctimas a una vía civil claramente prescrita por más de siete añosno sólo fue inadecuado pastoralmente, sino también jurídicamente contrario al derecho canónico, que establece su propio sistema penal y sus propias reglas sobre la prescripción. Archivar el caso bajo ese argumento —como reconoce ahora el propio delegado de la Iglesia— fue un acto frontalmente contrario al derecho eclesiástico.
“La misma persona que firma esta carta después firma otra carta donde dice: ‘No hay que hacer el proceso’”, añadió, subrayando la incoherencia de las decisiones tomadas por las autoridades eclesiales.
“El enojo de las víctimas es legítimo”
Gambaro no sólo reconoció los errores procesales y jurídicos, sino que también admitió la legitimidad de la indignación de las víctimas.
“Yo estoy de acuerdo con el enojo que tienen. Ahora, ¿cómo reparar todo eso?”.
Sus palabras confirman lo que las víctimas y sus representantes vienen denunciando desde hace años: que la investigación impulsada por Robert Prevost contuvo muchos errores graves, y que tanto las autoridades eclesiásticas de Chiclayo como el Vaticano actuaron como mínimo con negligencia, desinterés y falta de compromiso frente a los abusos cometidos por Eleuterio Vásquez Gonzáles.
Una confirmación de lo que Infovaticana viene sosteniendo
Las declaraciones de Giampiero Gambaro —delegado oficial de la Iglesia para el caso Lute y canonista encargado del expediente— prueban que la propia Iglesia reconoce lo que Infovaticana ha venido denunciando desde el principio y por lo que ha sido señalado: que el proceso contra el cura pederasta Lute instruido bajo la autoridad del obispo Robert Prevost, Monseñor Cornejo y Edison Farfán, fue una investigación sin el rigor ni las medidas mínimas necesarias para llegar a la verdad.
Y conviene recordarlo: Infovaticana no lo ha hecho movida por animadversión hacia nadie, sino por una convicción de justicia. Porque creemos que la Iglesia debe reparar a todas las víctimas y reconocer cualquier error cometido en los procesos. Solo desde esa verdad —dolorosa pero necesaria— podrá recuperar la credibilidad moral que los propios abusos y su encubrimiento han comprometido.