La Iglesia Católica en España y el Gobierno están a punto de cerrar un acuerdo que permitirá abrir una vía común de indemnización para las víctimas de abusos sexuales. Según ha informado Vida Nueva, tras la reunión técnica celebrada el 29 de octubre en La Moncloa entre representantes eclesiales y el equipo del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Aunque el ministro no pudo asistir, dio su aprobación para avanzar en el plan.
El entendimiento busca dar salida a un problema que ha enfrentado a la Iglesia y al Estado durante años. Sin embargo, detrás del tono conciliador subyace un juego político evidente: el Gobierno finge exigir responsabilidades mientras diseña un modelo que le evita asumir compensaciones. Por su parte, la Iglesia, en lugar de enfrentarse al drama con humildad y coraje, parece dispuesta a pactar en lo más sensible: la verdad y la memoria de su propia historia.
Una nueva vía de reparación
La propuesta que se baraja permitiría a las víctimas que rechazaron el Plan de Reparación Integral (PRIVA) —creado por la Iglesia para atender los casos prescritos o con agresores fallecidos— acceder a una nueva instancia de compensación bajo supervisión externa. Hasta el momento, un centenar de personas ha acudido al PRIVA, pero algunas asociaciones lo consideran insuficiente por depender de las estructuras eclesiales.
La Iglesia ha aceptado estudiar este nuevo marco, con la condición de que sea supervisado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, una figura que goza de credibilidad entre las asociaciones de víctimas. Y desde La Moncloa se han comprometido a enviar un borrador al Episcopado antes de la Asamblea Plenaria de noviembre. La medida, en apariencia equilibrada, deja una pregunta sin resolver: quién pagará las compensaciones y cómo se garantizará que las víctimas sean realmente reparadas.
Colaboración institucional con cautela
Por parte de la Iglesia participaron el obispo César García Magán, secretario general de la CEE, y el religioso Jesús Miguel Zamora, secretario general de CONFER, junto con Cristina Guzmán y el salesiano Samuel Segura de la comisión del PRIVA. En representación del Gobierno asistieron Alberto Herrera, subsecretario de Presidencia; Mercedes Murillo, directora general de Libertad Religiosa; y Paloma Martínez Aldama, jefa del gabinete técnico del subsecretario. Fuentes de ambos lados describen el encuentro como “cordial” y “constructivo”.
Pero el tono amable no debe ocultar lo esencial: el Estado busca un acuerdo político, no una reparación moral, y la Iglesia teme más el desgaste mediático que el juicio de su conciencia. Ambos se sientan a la mesa con objetivos distintos: La Moncloa para controlar el relato; la Iglesia, para cerrar una herida sin exponerla demasiado al sol de la verdad.
De los desencuentros al pacto
La evolución de las negociaciones resulta significativa. En julio de 2024, Bolaños llegó a escribir al entonces presidente de la CEE, mons. Luis Argüello, advirtiéndole de que no aceptaría “una fórmula unilateral” en materia de compensaciones. Aun así, la Iglesia mantuvo su plan: hasta la fecha, ha resuelto 39 de 89 solicitudes, con indemnizaciones de entre 3.000 y 100.000 euros. El Gobierno, en cambio, lleva más de un año sin ejecutar su propio plan aprobado en Consejo de Ministros en abril de 2024, que preveía un fondo mixto Estado-Iglesia y un estatuto de las víctimas. Ninguna de esas medidas se ha implementado.
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Contactos en Roma
El ministro Bolaños se reunió el pasado 24 de octubre en el Vaticano con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, acompañado por la embajadora Isabel Celaá. La visita relámpago, centrada en los abusos y la resignificación del Valle de los Caídos, demuestra que el Gobierno pretende involucrar a la Santa Sede en su estrategia de “gestión simbólica” de los temas religiosos.
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Entre la prudencia y el riesgo moral
El nuevo mecanismo, si se concreta, podría representar un paso hacia la coordinación institucional. Pero también puede convertirse en un instrumento más de dilación y maquillaje. La supervisión del Defensor del Pueblo aporta confianza, pero el fondo de la cuestión sigue intacto: quién asume el costo, económico y moral, de lo ocurrido.
España no necesita una negociación política sobre el dolor, sino una reparación integral basada en la verdad. Y la Iglesia, si quiere conservar su credibilidad moral, debe afrontar con entereza lo que muchos dentro y fuera de ella aún consideran una página no cerrada. No basta con procedimientos ni protocolos; hace falta penitencia, justicia y claridad.
El Gobierno finge exigir responsabilidades a la Iglesia mientras le concede margen para no asumir ni un euro en compensaciones. Y la Iglesia, en vez de enfrentarse al drama con humildad y coraje, ha optado por pactar en lo que más duele: el alma de su memoria histórica.